Sindicatos del INPEC anuncian demandas y movilizaciones en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana

Durante la semana pasada la polémica rondó el Congreso de la República luego de la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Fue el pasado lunes 20 de diciembre cuando iniciaron las sesiones extras en ese ente, encuentros en los que se pactó la puesta en marcha de la mencionada ley. Entre los diferentes planteamientos se debatió respecto a la modificación de algunas normativas del ambiente carcelario del país, particularmente, la privatización del servicio de seguridad que se presta en estos establecimientos. El INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) anunció que prepara protestas y demandas en caso de que no se modifiquen algunos puntos.

“Ha sido aprobado en Plenaria Cámara con 103 votos a favor proyecto por medio del cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana”, se informó desde la cuenta de Twitter de Cámara de Representantes de Colombia. Algunas personalidades políticas del país se manifestaron en contra pues, según ellos, se criminalizaba el derecho a la protesta que tiene la ciudadanía.

Lo aprobado contempla, en lo que involucra a las prisiones, que entes territoriales puedan celebrar contratos con empresas de seguridad privada para la prestación del servicio de vigilancia en las cárceles del país. Juanita Goebertus, fue una de las principales críticas de esta medida. “Se genera un incentivo perverso porque se les empieza a pagar un servicio a los privados en función del número de personas que están en las cárceles, lo que genera un incentivo a mandar a más personas a las cárceles”, argumentó la representante a la Cámara de la Alianza Verde.

En una entrevista con Caracol Radio, Óscar Robayo, presidente del Sindicato UTP del INPEC, aseguró que esta medida haría que la seguridad en las cárceles del país se convirtiera en un negocio. Así mismo, denunció que no se siguió el conducto regular para plantear esta modificación, de acuerdo con lo que explicó, para tomar este tipo de determinaciones se necesitan de reuniones y de discusiones previas que, en este caso, dice él, no se dieron.

Robayo, de hecho, recordó que en hace un tiempo, a través de congresistas, la Superintendencia de Vigilancia y algunas empresas de vigilancia agregaron, dentro de la ley de seguridad privada, a los sectores carcelarios. Para discutir el tema, cuenta el presidente del sindicato, se realizó una reunión, encabezada por el entonces ministro de Justicia, con el Consejo Superior de Política Criminal. “Como debe ser”, argumentó Robayo y añadió, “el contentillo que nos da el señor Wilson Ruiz (ministro de Justicia) es que eso no a a afectar al INPEC”, destacó en su diálogo con Caracol Radio.

El Ministerio de Justicia, cuando presentó ese proyecto, junto con el Ministerio del Interior, hizo caso omiso a la misma ley y a la Constitución Política y a todos los tratados internacionales (...) todo este tipo de legislación habla de que la custodia y vigilancia de todas las personas privadas de la libertad debe ser por una entidad pública, por el Estado, no por privados”, argumentó el experto que, ante los micrófonos de esa emisora, además, detalló que esa medida se trata de un ‘mico’.

Robayo advirtió que el INPEC hará todas las movilizaciones que sean necesarias para que el Gobierno Nacional modifique la norma. “Confiamos en que la Corte Constitucional haga una excelente revisión y que el presidente, Iván Duque, pueda objetar esos artículos antes de la sanción presidencial”, aseguró Robayo que, además, calificó como imposible dejarle a los privados las labores que debe hacer el Estado sobre todos los establecimientos penitenciarios del país por su incapacidad

Robayo denunció que esta medida de privatizar el servicio de seguridad le daría la oportunidad de enriquecimiento a algunos pocos. “Vamos a agotar todos los recursos económicos y técnicos del sindicato para entablar las demandas de inconstitucionalidad en contra de esta ley”, reveló Robayo ante Caracol Radio.

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