Pese a que la Corte Constitucional eliminó las expresiones que prohibían el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas en el espacio público, del Código de Convivencia, así como el decreto 1844 de 2018 del presidente Iván Duque; la Policía continuó imponiendo comparendos a las personas que realizan esas actividades en parques, calles y otros lugares comunes.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, actualmente hay más de 108.000 personas que adeudan las llamadas “medidas correctivas” de la Policía en la ciudad por consumo de sustancias en el espacio público, una sanción que, segun incluso la administración distrital, no da respuesta a los pronunciamientos de la Corte Constitucional al respecto, ni contribuye a las medidas pedagógicas y de convivencia.
Para cumplir con esos objetivos, la Secretaria implementó una estrategia llamada “Te cambio comparendo por educación”, con el objetivo de que las personas sancionadas por las autoridades, puedan redimir las sanciones con actividades pedagógicas.
Según explicó la Secretaría de Seguridad, la campaña busca que los ciudadanos adquieran formación sobre consumo responsable de sustancias psicoactivas, reducción de riesgos y daños, derechos humanos, participación ciudadana y Código Nacional de Seguridad y Convivencia, para resolver los comparendos.
“Entendemos que la convivencia sana entre los jóvenes es uno de los principales temas en donde tenemos que generar un acompañamiento cercano y en el seguimiento a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en espacio público, lo abordamos desde la perspectiva de salud pública”, afirmó el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto.
Juan Diego Castro, asesor de la Secretaría en esta política, explicó que la gran mayoría de los comparendos (77%) involucran a jóvenes entre los 15 y los 29 años, quienes ven afectadas sus oportunidades laborales debido a las sanciones.
Además, esa imposición ha generado conflictos entre esa población y la Policía en la ciudad. Por ejemplo, según el sociólogo e investigador Julián Quintero del colectivo Échele Cabeza, que analiza el consumo de sustancias psicoactivas, aseguró que identificaron esos comparendos como un antecedente conflictivo con las autoridades en los hechos que sucedieron entre el 9 y el 10 de septiembre de 2020, desatados por el homicidio de Javier Ordóñez.
Más aún cuando esas sanciones no tienen piso jurídico desde el 2019. La Corte Constitucional a través de la sentencia C-253 declaró inconstitucional la prohibición de porte y consumo de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales y en el espacio público en general.
Así, desde la expedición del decreto presidencial 1844 de octubre de 2018 y la decisión de la Corte Constitucional en 2019, se impusieron 186.000 comparendos, casi 10.000 por mes, el 99% por consumo en espacio público y el 50% a población que vive en las cinco localidades de menores recursos en Bogotá. La sanción corresponde a una multa tipo 2 (8 salarios mínimos diarios legales vigentes) más de 240.000 pesos.
De esta forma, la Secretaría busca ofrecer una alternativa pedagógica que contribuya a la convivencia y la formación de los consumidores de sustancias psicoactivas en la ciudad. La cual es de fácil acceso a través de página de la entidad, en la sección “comparendoxeducacion/”.
El interesado debe tener disponibilidad de al menos una hora para iniciar el ciclo, que consiste en observar los contenidos pedagógicos, suscribir compromisos de sana convivencia en el espacio público, como no consumir sustancias en presencia de menores de edad, personas discapacitadas, tercera edad o situación de vulnerabilidad. Así como no inducir a personas a hacerlo, respetar el sueño y el descanso de los vecinos, evitar escándalos, ruido y buscar siempre el diálogo y el respeto.
Una vez se ha cumplido con los componentes pedagógicos y el registro, se enviará el reporte a la Secretaría de Gobierno para evaluar y ordenar el archivo de las medidas correctivas impuestas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas.
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