El pasado 23 de diciembre Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, exjefe del Clan del Golfo y uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, brindó su testimonio a la Justicia Especial para la Paz (JEP) dentro del macrocaso 04 que prioriza la situación territorial a partir de hechos del conflicto ocurridos en la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en los departamentos de Antioquia y Chocó, principal zona de influencia del capo del narcotráfico y su grupo armado organizado.
Interrogado sobre si él había procedido con acercamientos ante el estado colombiano para eventuales negociaciones de paz, ‘Otoniel’ reveló que sí hubo uno durante el periodo del expresidente Juan Manuel Santos.
No obstante, según Úsuga, dichas labores no cristalizaron dada la injerencia del exfiscal Néstor Humberto Martínez por lo cual aseguró que, de haberse logrado, entre 4.000 y 5.000 personas pertenecientes al grupo se habrían desmovilizado.
“A lo último no hubo garantías para seguir la negociación y por eso se terminó. No había garantías para un proceso de desmovilización cuando estaba el fiscal Humberto Martínez y por eso comenzó el problema, pero la voluntad había. Él quería un sometimiento a la justicia de una vez sin tener los muchachos toda la organización, porque necesitaban garantías también la gente y las garantías eran muy poquitas”, fueron las palabras del narcotraficante.
El exfiscal se refirió al tema en una columna que titulo “La desmovilización’ de los ‘Urabeños’ publicada por El Tiempo este 26 de diciembre. En el escrito aclaró que el acercamiento se dio por medio del senador Iván Cepeda y su versión sobre los acercamientos que finalizaron sin acuerdo alguno.
“Aunque preliminarmente aceptaron entregar los nombres de los oficiales que colaboraban con su organización, más adelante se desdijeron de este compromiso, alegando razones de seguridad. Pero la tapa del desencuentro fue el asunto del narcotráfico. Se les exigía la entrega de las rutas y la erradicación absoluta de los cultivos ilícitos, lo que resultaba apenas elemental. A las pocas semanas manifestaron que ellos no participaban en actividades de narcotráfico, carecían de cultivos ilícitos propios y se limitaban a “cobrar impuestos” a los narcotraficantes. Esto era contraevidente. Inclusive, el alto Gobierno manifestó que había informado personalmente al presidente Obama que el ‘clan del Golfo’ era responsable del 30 % del narcotráfico en Colombia y ahora no podía salir con este “chorro de babas””, se lee en uno de los fragmentos escritos por Martínez.
Posteriormente ha contar las diferentes trabas del proceso y desde su punto de vista lo complejo que fue llegar acuerdo que beneficiará a Colombia desdibujo las acusaciones del narcotraficante y comentó que la Fiscalía no tuvo nada que ver con el fin de las conversaciones que fueron lideradas por el vicepresidente Óscar Naranjo.
“La Fiscalía limitó su intervención para cuando correspondiera la judicialización colectiva de los desmovilizados, como resultado de un proceso cuya conducción debía corresponder exclusivamente al Gobierno. Así se definió, inclusive, en la Ley 1908/18. Por ello, el vicepresidente Óscar Naranjo asumió las conversaciones y, afortunadamente para la historia, dejó en memorias documentadas decenas de reuniones que realizó a partir del 9 de mayo del 2017. Por ello, no puede afirmarse que fue la Fiscalía la que no dejó avanzar esas negociaciones que “hubiesen producido una dejación de armas por parte de 4.000 a 5.000 hombres”. Priorizamos la defensa del orden legal, como lo hizo igualmente el general Naranjo”, anotó.
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