EPM recibió pago de más de 402 mil millones de póliza de Sura por Hidroituango

Tres aseguradoras ya pagaron las pólizas y la más costosa acordó realizarlo en enero de 2022 para cumplir con el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría

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Ituango, 5 de abril de
Ituango, 5 de abril de 2019. Cerca de un año de cumplirse la contingencia del proyecto Hidroituango, EPM avanza en su recuperación. (Colprensa - Sofía Toscano)

Los dineros del detrimento patrimonial causados por la contingencia de Hidroituango continúan regresando a Empresas Pública de Medellín. La compañía confirmó este jueves que la aseguradora Sura ya entregó los 402.454 millones de pesos de la póliza adquirida por el proyecto.

EPM confirmó la información a través de un comunicado enviado a la Superintendencia Financiera en el que indicó que la póliza corresponde a la de “Responsabilidad Civil Directores y Administradores” y el dinero entregado es equivalente a US$100,6 millones de dólares.

Con estos recursos, la compañía líder de Hidroituango completó 426.000 millones de pesos de los seguros del proyecto, en compensación a la contingencia ocurrida en abril de 2018 que ocasionó sobrecostos en la construcción y retrasos en la entrada en operación y generación de recursos.

Esta semana, EPM también recibió 21.500 millones de pesos de la aseguradora AXA y otros 2.000 de SBS Colombia. Resta la póliza más grande, que está a cargo de la compañía española Mapfre, con la cual se adquirió el 90 % de indemnización por 983 millones de dólares, de los cuales ya entregó 350 de anticipo.

EPM certificará a la Contraloría General de la República los montos pagados, con el objetivo de que los mismos sean considerados dentro del fallo de segunda instancia confirmado por la Contraloría General de la República”, informó la empresa antioqueña.

El pasado 10 de diciembre, EPM firmó un acuerdo con Seguros Mapfre en el que la empresa reconoció la suma de 983 millones de dólares (casi $3.9 billones) que equivalen al 90 % del daño patrimonial definido en $4.3 billones por la Contraloría. En este se estableció que 633 millones de dólares restantes serán pagados a EPM el 31 de enero de 2022.

Este nuevo pago se produce después de que EPM pagó la obligación total del crédito adquirido con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 450 millones de dólares para la construcción del proyecto, que fue cancelado de manera anticipada, en una sola cuota, con recursos propios de caja de la compañía.

Según lo reportado por la Superintendencia Financiera, el crédito fue cancelado en su totalidad y además el conglomerado cuenta con “un nivel positivo de liquidez, sin afectar la operación y la continuidad de las inversiones requeridas tanto por el proyecto hidroeléctrico Ituango, como por los otros proyectos que actualmente se desarrollan”.

De acuerdo con Martha Lucía Durán, vicepresidenta de Finanzas e Inversiones citada por el diario El Colombiano, el pago anticipado no afectará las operaciones de EPM ni requerirá reorganización porque había suficiente liquidez para asumirlo sin afectar la suficiencia financiera.

El pago de las obligaciones y los seguros permitió que EPM y el contratista CCC Ituango acordaran extender el contrato por ocho meses para finalizar la obra en 2022. Sin embargo, la empresa volvió a posponer la entrega del informe pericial que permitirá conocer el estado de la represa y su contingencia, para continuar con la construcción.

Según El Tiempo, el informe se había fijado con fecha inicial de entrega para enero de 2019, pero no se cumplió y ha tenido una cadena de retrasos, incluso en las últimas semanas. Se había anunciado para el 15 de diciembre, luego para el 23 y en las últimas horas EPM aseguró que será la próxima semana.

Ese informe está a cargo de la empresa chilena y suiza Poyry que fue contratada en 2018, año de la contingencia, por resolución expedida por la Autoridad Nacional Ambiental (ANLA) para establecer las condiciones de estabilidad y riesgos del proyecto Hidroeléctrico Ituango tanto en el escenario de contingencia actual como en la entrada en operación.

El contrato por el informe tiene vigencia hasta 2022 y han denunciado sobrecostos en el proceso. Ese informe también es requerido para adelantar obras de terminación de Hidroituango, debido a que la ANLA prohibió trabajos que no estén dirigidos a evitar los riesgos de las comunidades aguas abajo.

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