Este jueves 23 de diciembre, el presidente de Colombia, Iván Duque, defendió el cuestionado proyecto de ley de Seguridad Ciudadana que fue aprobado por el Congreso de Colombia el miércoles, y será sancionado por el primer mandatario para convertirlo en Ley de la República.
El primer mandatario reiteró su respaldo a esta iniciativa, rechazada por sectores de la oposición que argumentan que la norma criminaliza la protesta social y facilita la “impunidad” en el sistemas jurídico del país.
“Esta ley de seguridad ciudadana es contra los criminales. Y los que ahora salen a atacarla, pues me llama a mi mucho la atención: pareciera que a ellos lo que les gusta es ser contemplativos y generosos con los criminales. No señor; el que atenta contra la vida, honra, bienes y derechos de los colombianos le corresponde una sanción ejemplar”, indicó el jefe de Estado desde el Fuerte Militar de Tolemaida.
Desde diferentes sectores sociales y de oposición, como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), rechazaron esta iniciativa que contempla modificar las normas y sanciones para garantizar la seguridad ciudadana y argumentaron que representa una amenaza para el derecho a la protesta al legitimar el uso de la fuerza letal a manos de particulares.
Por su parte, el líder de la oposición, el precandidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Petro, indicó que esta iniciativa del gobierno Duque expresa el “deseo ancestral de este régimen político por construir el paramilitarismo, por pensarse ilusoriamente que es posible dominar una sociedad a partir del miedo”.
“Hay que hablar las cosas como son. Yo creo que los colombianos estamos cansados de la reincidencia criminal. Se capturan criminales, miles de criminales; a los pocos días están libres, o después salen y reinciden y les dan tratamiento como si fuera la primera vez. No señor. Aquí, con esta norma estamos haciendo cosas importantes; imponiendo sanciones ejemplares cuando hay reincidencia”, indicó el jefe de Estado.
Sin embargo, el analista de crimen y seguridad de la Universidad Eafit, Santiago Tobón, explicó a El Espectador que este proyecto fomentará la impunidad, debido a que incrementa el hacinamiento carcelario y el trabajo de los jueces, fiscales y policías en el país, al contrario de resolver los problemas de seguridad que pretende dicha iniciativa.
Este proyecto de ley, que hace una restricción de la jurisdicción indígena, le da legitimidad a la defensa de la propiedad privada, prohíbe las armas blancas, y restringe las armas traumáticas, e incrementa las penas de prisión, dentro de algunos de los puntos principales, ha generado resquemor entre quienes apoyan estas nuevas modificaciones y quienes argumentan que esto criminaliza la protesta social.
“¿Cómo así que quemar un bus no es un acto criminal?, ¿Cómo así que bloquearles a las personas el acceso a la salud no es un acto criminal? Esta es una norma que fue aprobada por mayorías aplastantes en el Congreso de la República, porque el Congreso ha interpretado el sentimiento ciudadano”, concluyó el primer mandatario, haciendo referencia a las manifestaciones sociales de 2021, generadas por el descontento que despertó la propuesta de reforma tributaria del Gobierno nacional, en las que más de 50 ciudadanos murieron por presunta violencia de la fuerza pública.
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