Gobierno pidió a la Corte IDH no fallar en caso del exterminio de miembros de la Unión Patriotica

A través de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado, el gobierno colombiano le solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no fallar en el caso “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”, el cual investiga graves violaciones de derechos humanos contra 6 mil víctimas desde 1984 porque podría “fortalecer o debilitar” a la Justicia Especial para la Paz.

En palabras de Camilo Gómez: “Si la Corte Interamericana falla el mensaje para la JEP sería muy malo pues no lo considerarían un recurso nuevo o adecuado y eficiente para estos casos. Me parece que será un pronunciamiento de enorme importancia para fortalecer o debilitar a la JEP”.

Para Gómez, es la JEP la instancia adecuada para fallar en este tipo de casos y no el sistema interamericano cuyo pronunciamiento de 2018 abrió la senda para acoger este tipo de investigaciones: “violó los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad y a la protección judicial”, señaló el alto tribunal.

“Al existir la JEP, que tiene una competencia absorbente y total, deben retornar a Colombia lo mismo que los vasos directa o indirectamente sobre el conflicto que estaban en la CIDH”, recalcó Gómez en declaraciones al Noticentro 1 CM&.

Concluyó Gómez que todos los casos relacionados con el conflicto armado colombiano radicados en el sistema interamericano, deben retornar al país, aunque las competencias investigativas de ambos sistemas sean distintas.

Las declaraciones del director de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado ocurren después de que la bancada opositora en el Congreso anunció que radicará una demanda a la ley de seguridad ciudadana que pasó en el Senado.

En cabeza del senador Iván Cepeda y la representante a la Cámara Katherine Miranda denunciarán ante la Corte Constitucional la iniciativa que, según sus palabras “criminaliza la protesta social” así como reportarán al sistema interamericano y al congreso norteamericano el articulado.

Cepeda aseguró que esta ley aprobada por el uribismo lo único que hace es legalizar las “prácticas criminales” y se trata de una “licencia para matar”.

La CIDH ha llamado la atención al gobierno colombiano por el incremento de la violencia en el país después de la firma de los Acuerdos de Paz.

El sistema interamericano reiteró su preocupación por la persistencia estructural de la violencia en Colombia expresada en la cantidad de asesinatos registrados, el incremento de las confrontaciones entre grupos armados, masacres, hechos de violencia en contra de personas defensoras, líderes y lideresas, y excombatientes.

“La CIDH pudo verificar que existe una concentración de hechos de violencia en contra de personas defensoras y con liderazgo social, excombatientes, así como masacres en los departamentos de la región del Pacífico, en particular en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander que afectan de manera desproporcionada a pueblos indígenas, personas afrodescendientes y campesinas”, detalló en comunicación emitida al gobierno colombiano.

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