EPM canceló USD $450 millones de dólares al BID por Hidroituango

La empresa antioqueña afirmó que cumplió con el pago voluntario de dicha obligación para mantener la operación al interior de la megaobra, cuyas primeras entregas están programadas para 2022

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Foto de archivo. Fachada exterior de una sede de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en Medellín, Colombia, 4 de abril, 2019. REUTERS/Luisa González
Foto de archivo. Fachada exterior de una sede de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en Medellín, Colombia, 4 de abril, 2019. REUTERS/Luisa González

Con recursos disponibles de caja, Empresas Públicas de Medellín informó en las últimas horas que canceló la totalidad de la deudad que sostenía con el Banco Interamericano de Desarroll por USD $450 millones.

Según lo reportado por la Superintendencia Financiera, el crédito fue cancelado en su totalidad además el conglomerado cuenta con “un nivel positivo de liquidez, sin afectar la operación y la continuidad de las inversiones requeridas tanto por el proyecto hidroeléctrico Ituango, como por los otros proyectos que actualmente se desarrollan”.

Este pago anticipado, de acuerdo con EPM, se debió a la incertidumbre que provocó el fallo de segunda instancia por parte de la Contraloría General de la República en relación con el cumplimiento de los próximos hitos establecidos en el Amendment del contrato de crédito, motivo por el cual tanto el BID como EPM alcanzaron un acuerdo de pago anticipado en las primeras semanas de diciembre.

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Esta operación de pago voluntario anticipado se desarrolló en atención a la prioridad que le brinda EPM a honrar todas sus obligaciones financieras, a su capacidad financiera y a la preservación integral de la relación de largo plazo de las dos instituciones”, aseguró EPM en el comunicado entregado a la Superintendencia Financiera.

El préstamo, firmado el 29 de diciembre de 2017 por un monto hasta de US$900 millones de los cuales desembolsaron US$450 millones, significó la firma de un otrosí (Amendment) al contrato de crédito que estableció una serie de hitos sobre el avance de las obras, la mayoría entre el segundo y el tercer trimestre de 2022.

En medio de esta situación, Seguros Sura informó que no tuvo participación en las reuniones que presuntamente esa organización sostuvo desde la ciudad de Madrid (España), ni tampoco ha participado en preacuerdo alguno”.

Imagen de referencia: Hidroituango debe cumplir con cronograma de entregas para 2022.
Imagen de referencia: Hidroituango debe cumplir con cronograma de entregas para 2022.

Por lo cual, Mapfre Seguros Generales de Colombia y las empresas detrás del proyecto informaron que trabajan conjuntamente con el propósito de lograr un acuerdo para el pago de la indemnización bajo la póliza Todo Riesgo Construcción, por valor de US$ 983,8 millones.

Esto se debe a que, de llegar las partes a un eventual acuerdo, éste será sometido a aprobación ante los órganos internos competentes de EPM y, de concretarse, la totalidad de los recursos serán pagados directamente a la empresa.

A inicios del mes de diciembre, EPM afirmó que busca cumplir con el cronograma propuesto para la entrada en operación del proyecto Hidroeléctrico Ituango, cuyos entregas están planeadas para junio y septiembre de 2022.

En el cronograma, los últimos trabajos realizados en la obra corresponden a la llegada de las últimas cuatro piezas que integran el estator, correspondiente a la primera unidad de generación de energía, que deberá entregarse en junio del año siguiente.

Además de lo anterior, EPM deberá sostener la ayuda económica a un ciudadano afectado por obras de Hidroituango gracias a un fallo de la Corte Constitucional.

Para el alto tribunal, “la empresa desconoció las condiciones particulares del accionante, puesto que, a pesar del tiempo transcurrido, no se han superado los efectos nocivos del desplazamiento”. Del mismo modo agregó que lo anterior es posible evidenciarlo en “la falta de condiciones adecuadas para regresar a su lugar de residencia y en la ausencia de actividades económicas que permitan su subsistencia”.

Motivo por el cual, la Corte señaló que EPM dispone de 48 horas para que reactive el apoyo económico al ciudadano, pero también indicó que la empresa “tendrá un mes para adoptar estrategias que permitan o faciliten su retorno o reasentamiento, así como su reintegración local”.

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