Demanda contra elección de Alberto Carrasquilla en el Banco de la República deberá cambiar de juez, según Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación envió un concepto al Consejo de Estado para garantizar la doble instancia en el proceso que se sigue contra la elección del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en la junta directiva del Banco de la República; por lo que solicitó un cambio de juez.

De acuerdo con el Ministerio Público, el proceso debe pasar del Consejo de Estado, donde se encuentra actualmente, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para garantizar el debido proceso y la doble instancia.

“Solicita remitir el presente proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que adelante la actuación correspondiente en primera instancia, atendiendo las reglas de competencia, el debido proceso, la doble instancia (derecho de defensa y contradicción), la doble conformidad, el principio del juez natural, y los precedentes de esa sección, según quedó expuesto”, citó RCN Radio del documento del Ministerio Público, firmado por la procuradora delegada ante el Consejo de Estado Idarys Carrillo.

El presidente Iván Duque firmó el decreto 1032 el pasado 1 de septiembre en el que nombró a Carrasquilla como nuevo miembro del Banco de la República, luego de renunciar al Ministerio de Hacienda por el retiro de la reforma tributaria que emitió su despacho y ocasionó más de dos meses de manifestaciones en el país.

Carrasquilla llegó en reemplazo de Carolina Soto, esposa de Alejandro Gaviria, que decidió renunciar cuando este anunció su precandidatura presidencial. Con el nombramiento del exministro, la junta directiva quedó integrada por una mujer, Carolina Taboada, y cuatro hombres en los miembros de dedicación exclusiva.

Por esa razón, dos semanas después de ser nombrado el abogado Joan Sebastián Moreno radicó una demanda contra la elección del exministro de Hacienda en la junta del banco central, en la que argumentó que se violó la cuota de género. La demanda fue admitida el pasado 28 de septiembre.

En el articulo 4 de la ley 581 del 2000 se señala que, “la participación adecuada de la mujer en los niveles del poder público (...) se hará efectiva aplicando por parte de las autoridades nominadoras las siguientes reglas: a) Mínimo el treinta por ciento (30 %) de los cargos de máximo nivel decisorio, de que trata el artículo 2., serán desempeñados por mujeres; b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de que trata el artículo 3., serán desempeñados por mujeres”.

En la acción jurídica se le pide al máximo tribunal que anule la designación del exministro como miembro de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República y suspenda, de manera inmediata, los efectos del acto por medio del cual el presidente Iván Duque lo designó.

Lo que sostiene la Procuraduría es que el primer juez que emita una decisión sea el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tras los alegatos de la defensa y los demandantes, para que en caso de impugnación de la sentencia, pueda estudiarla el superior jerárquico, que sería el Consejo de Estado.

Este tipo de demandas han sido recurrentes contra el actual gobierno. En febrero pasado, Juan Pablo Alvis, estudiante de Derecho, junto con otros dos compañeros, presentó una demanda para revocar al ministro del Interior, Daniel Palacios, argumentando que se estaría incumpliendo la cuota de género del Gobierno nacional.

En ese caso, los demandantes aseguraban que el número de ministerios a cargo de mujeres debían ser 6, mientras que el gobierno sostuvo que el 30 % de 18 carteras es 5.4 y, por tratarse de seres humanos, no podían tenerse en cuenta los decimales.

La Procuraduría, en ese proceso que se surtió desde marzo, aseguró que buscaría garantizar el cumplimiento de las normas de participación de las mujeres en las altas esferas del poder público en todas las entidades estatales del nivel territorial y central, que están obligadas a cumplir las cuotas.

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