Ley de Seguridad Ciudadana promueve el paramilitarismo y criminaliza las protestas: víctimas del Estado

Tanto Cámara de Representantes como Senado aprobaron en los últimos días el proyecto de ley que busca modificar normas y sanciones para garantizar la seguridad ciudadana, pero que para la oposición y ahora movimientos de víctimas del Estado, se trata de un texto que pondría en riesgo la protesta social yendo en contra de derechos ya consagrados en normas internacionales.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), conformado por más de 200 organizaciones de víctimas y de derechos humanos, mostró su preocupación por la reciente aprobación de la iniciativa que pasó a sanción presidencial. Argumentaron que representa una amenaza para el derecho a la protesta por legitimar el uso de la fuerza letal a manos de particulares y crear habilitaciones legales para que el Estado tenga la licencia de perseguir y judicializar a quienes participan en manifestaciones sociales.

Es de recordar que el proyecto presentado apenas el pasado 17 de noviembre con mensaje de urgencia por el presidente Iván Duque y aprobado en sesiones extraordinarias, contiene disposiciones que, para Movice, legalizan y conducen a la comisión de violaciones a los derechos humanos en absoluta impunidad.

“No se ocupa de perseguir las expresiones de paramilitarismo urbano presentadas recientemente en el estallido social del presente año, sino por el contrario, las habilita y promueve cuando legítima la justicia por mano propia, generalizando los contextos de aplicación de la legítima defensa y promoviendo que particulares hagan uso de la fuerza letal para proteger su propiedad”, sostiene el movimiento de víctimas.

La preocupación también está en que hay excepciones para la aplicación del principio de proporcionalidad cuando se trata de actuar en defensa de un derecho propio, “lo que representa una habilitación para que un particular pueda hacer un uso desproporcionado de la fuerza en contra de otro sin que pueda atribuírsele responsabilidad penal”.

Movice sostiene que la ley crea disposiciones populistas en lo punitivo, dentro de las que se incluye la ampliación de la condena máxima existente en Colombia, la inclusión de dos nuevas circunstancias de mayor punibilidad y un nuevo parágrafo dentro de las circunstancias de agravación punitiva que aumenta la pena cuando se trata de actos cometidos contra la fuerza pública, la creación de nuevos tipos penales, la ampliación de penas y el endurecimiento de las circunstancias en las que se daría aplicación de la pena privativa de la libertad.

“El gobierno busca la judicialización de quien ejerce el derecho a la protesta, pretendiendo el endurecimiento de sanciones para quienes participan de las manifestaciones sociales pero no evidencia ninguna preocupación por promover disposiciones que contribuyan a la individualización y procesamiento de los actores estatales responsables de graves violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta”, sostiene el movimiento.

Así mismo, afirma que se penaliza el uso de elementos para el ocultamiento de la identidad, es decir quienes andan con capucha en medio de las protestas, y Movice en este punto advierte el papel que la Fiscalía General de la Nación ha tenido, con el respaldo de autoridades nacionales y locales, para la individualización y judicialización de líderes sociales, estudiantiles, ambientales y comunitarios, reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos, quienes han sido involucrados en falsos positivos judiciales.

“Este proyecto de ley es un intento de reavivar regímenes como aquel propiciado por el Estatuto de Seguridad Nacional en 1978, que al igual que el actual Proyecto de Ley, buscó criminalizar la protesta social dejando un panorama trágico con la masificación de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de tortura, o por la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez, que dejó al país en la más crítica situación de derechos humanos con miles de jóvenes asesinados y desaparecidos presentados por la Fuerza Pública como guerrilleros dados de baja en combate”, concluye Movice.

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