Senado aprobó el cuestionado proyecto de seguridad ciudadana

Tras salir de la Cámara de Representantes con apoyo mayoritario, el proyecto de seguridad ciudadana que radicó el gobierno de Iván Duque llegó este martes al Senado donde también recibió el respaldo de los congresistas.

La norma tiene por objeto fortalecer la seguridad ciudadana, por medio de la inclusión de reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal; al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana; al Código de Extinción de Dominio, Regulación de Armas, elementos y dispositivos menos letales, sostenibilidad del Registro Nacional de Identificación Balística.

Sin embargo, la oposición se retiró de la plenaria porque considera que el texto es una herramienta para criminalizar la protesta social.

“La llamada ley de seguridad ciudadana, que aprueba el uribismo en el Congreso, es un compendio de disposiciones que legalizan prácticas criminales oficiales, paramilitares y de particulares. Es una licencia para matar; una nueva aberración de corte fascista de este gobierno”, señaló Iván Cepeda.

Y es que la iniciativa modifica las penas de conductas como el daño en bien ajeno, para que ese daño en bien ajeno, cuando se cometa en el transporte público, contra las instituciones al servicio de la seguridad ciudadana o infraestructura, o al servicio de la seguridad ciudadana o al servicio de la justicia, también se constituyan un agravante que no permita la excarcelación.

Otro punto polémico es el que hace referencia al ‘traslado por protección’, una figura creada por el Código de Policía de 2016 que permite que una persona sea temporalmente llevada a un centro de paso si su vida e integridad o la de un tercero están en riesgo, ha cobrado relevancia en este mes y medio largo de manifestaciones.

La norma aprobada por el Senado otorga la facultad discrecional de “traslado por protección” que la Policía Nacional puede hacer a quien “aparente estar bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas”.

El texto también incluye modificaciones relacionadas con la legítima defensa y la proporcionalidad, pues no habrá responsabilidad penal cuando se ejerza para rechazar a alguien que intenta entrar a su habitación o dependencias inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado.

En esa línea, la iniciativa indica que si una persona intenta ingresar de manera violenta a los espacios ya mencionados, se puede ejercer la fuerza letal.

“Envíanos un mensaje claro y contundente que el delincuente violento, mientras espera a su juicio, lo debe hacer en un Centro de Reclusión de manera intramural y no en la calle esperando el juicio. Eso es un mensaje que estamos mandando aquí, a quién cometa un delito violento a través de la implementación de arma de fuego, arma blanca o arma de letalidad reducida, la medida de aseguramiento tendrá que ser intramural”, aseguró durante el debate el ministro del Interior, Daniel Palacios.

Reviva aquí el debate en el Senado:

El senador Iván Cepeda y la representante a la Cámara Katherine Miranda dijeron que denunciarán ante la Corte Constitucional la iniciativa que, según sus palabras “criminaliza la protesta social”.

En su cuenta de Twitter también anunció que envió varias cartas a políticos de Estados Unidos para que tengan en cuenta la “nefasta ley de seguridad ciudadana” a la hora de aprobar fondos para Colombia y la Policía.

“Hoy dirigimos 2 cartas a propósito de la nefasta ley de seguridad ciudadana. Una a 3 congresistas de EEUU: Patrick Leahy, Jim McGovern y Alexandria Ocasio-Cortez. Otra a la CIDH. En la primera pedimos que se tenga en cuenta esta ley a la hora de aprobar fondos para Colombia”, señaló Cepeda.

Con ese mismo argumento la representante a la Cámara Katherine Miranda fue enfática en decir que la ley de seguridad ciudadana “permite el uso indiscriminado de las armas por parte de los ciudadanos” abriendo la puerta al paramilitarismo.

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