Polémica en el Congreso por proyecto de privatizar el servicio de seguridad de las cárceles en Colombia

El pasado lunes 20 de diciembre, iniciaron, en el Congreso, las sesiones extras. Allí, entre otras cosas, tomó gran parte de la conversación el tema del proyecto de la seguridad ciudadana y la reglamentación de la conversión de Bogotá en región metropolitana. La polémica se centró, particularmente, en el primero de esos puntos de debate, pues, este sugiere varios puntos relacionados a la fuerza pública del país, el derecho a la protesta y al ambiente carcelario del país, por ejemplo.

“Ha sido aprobado en Plenaria Cámara con 103 votos a favor proyecto por medio del cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana”, se informó desde la cuenta de Twitter de Cámara de Representantes de Colombia.

En la norma, luego de ser aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes, establece que el homicidio cometido en contra de un uniformado de las fuerzas públicas del país, se castigaría con penas entre 41 y 60 años de prisión. Así mismo, se aumentan las penas establecidas para quien lesione a un integrante de la Policía Nacional y/o fuerza pública.

A su vez, los ciudadanos que destruyan bienes públicos o ‘interrumpa las acciones legítimas de la fuerza pública’, pueden llegar a pagar entre cuatro y seis años de cárcel. También se establece evitar las excarcelaciones de reincidentes capturados por las autoridades.

Para María José Pizarro, representante a la Cámara de la lista de la decencia, por ejemplo, esto se trata de una normativa que ‘criminaliza la protesta’ en el país y ‘facilita la judicialización’ de manifestantes. “Grave peligro para la democracia en Colombia. ¿Se legalizaría la tortura?”, cuestionó en Twitter. A Pizarro se unieron Inti Asprilla y León Fredy Muñoz.

“Estamos retrocediendo cuarenta años y reviviendo el régimen penal que se estableció mediante la expedición del Estatuto de Seguridad Nacional en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, que torturó a los jóvenes de entonces, a mis padres por ejemplo”, destacó la Congresista.

“¿Por qué no me gusta el proyecto de “seguridad ciudadana”? me pregunta un congresista uribista, la respuesta es fácil, este es el proyecto de ley Andrés Escobar”, comentó Asprilla que, además, se refirió a las personas que apoyan esta medida como ‘la gente de bien’. Con Andrés Escobar hizo referencia al ciudadano que se hizo tendencia en redes sociales por salir a la calle con un arma de fuego, durante las manifestaciones del más reciente paro nacional, para amenazar a las personas que se encontraban protestando en Cali.

“Aquí tenemos que fortalecer el actuar de nuestras instituciones, de nuestras autoridades para garantizar la protesta, las marchas pacíficas que vuelvo y repito que en la ciudad de Cali fueron afectadas por los vándalos”, indicó Christian Garcés, representante a la Cámara del Centro Democrático.

“Eso les pone una lápida a los jóvenes en la espalda. El artículo tercero que permite a las personas, sobre la legítima defensa como lo hizo Andrés Escobar, sacar una pistola y disparar a los marchantes”, aseguró el representante León Fredy Muñoz.

A la espera de un debate en la plenaria del Senado, antes del 23 de diciembre, se entró en una fuerte discusión por lo que respecta a la seguridad en las cárceles. Lo aprobado contempla que entes territoriales puedan celebrar contratos con empresas de seguridad privada para la prestación del servicio de vigilancia en las cárceles del país.

“Se genera un incentivo perverso porque se les empieza a pagar un servicio a los privados en función del número de personas que están en las cárceles, lo que genera un incentivo a mandar a más personas a las cárceles”, argumentó Juanita Goebertus, representante a la Cámara de la Alianza Verde, al mostrar su posición en contra de la medida.

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