Partidos como Centro Democrático y la coalición Alianza Verde-Centro Esperanza incumplen con el mínimo de inclusión femenina en listas al Senado

Para una mujer candidata resulta mucho más costoso ser elegida en un cargo de elección popular que para un hombre; ese es uno de los resultados que arrojó el reciente informe hecho por la organización Transparencia por Colombia, que se encarga de ejercer control sobre los partidos políticos y denunciar casos de corrupción en el poder público.

La participación femenina en el Congreso de la República jugará un papel fundamental en el ejercicio democrático en 2022, y prueba de ello es la cantidad de mujeres incluidas en las listas al Senado de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en marzo del próximo año.

De hecho, y en comparación con 2018, las listas preliminares a la Cámara de Representantes quedaron conformadas con el 41,2 % de mujeres, y por el Senado del 40 %, generándose un incremento en la participación del 5 y 7 % respectivamente, con respecto a hace cuatro años. Además, resalta el trabajo de varios partidos políticos que le apostaron a engrosar sus filas con nombres femeninos.

Por ejemplo, la lista del Pacto Histórico cumple con los principios de paridad y alternancia, así como también lo hace el Partido Liberal al conformar su grupo de candidatos con un 56 % de mujeres. Cambio Radical es otro que se destaca por conformar su lista por un 47 % de candidatas femeninas.

En contraste, el informe sostiene que los listados de la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, los partidos Conservador, Mira, Colombia Justa Libres y Centro Democrático no han sido destacados por sus niveles de incorporación femenina.

Transparencia también hizo un llamado de atención sobre el desolador panorama de las inversiones que hacen los partidos políticos a la inclusión de la mujer. Y es que de acuerdo a datos emitidos por el aplicativo Cuentas Claras para el periodo 2016-2020, no se cumplió con la destinación mínima del 15 % de destinación de recursos para la formación política y electoral de población femenina, minorías étnicas y jóvenes.

En ese orden, en 2016 solamente ocho partidos cumplieron con dicho porcentaje; en 2017 el dígito cambió a 11, en 2018 bajó nuevamente a 8 y durante 2019 y 2020 subieron a 9 los que cumplieron con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1475 de 2011 -el cual establece, en siete puntos, que los recursos provenientes de la financiación del Estado serán destinados a dar apoyo en las bancadas, el funcionamiento de las estructuras regionales y locales, el funcionamiento de centros de investigación y la implementación de mecanismos democráticos planteados en los estatutos de cada partido-.

“Incluso cuando se estudia en detalle la destinación de ese 15% se encuentra que solo el 2,4% de los recursos estatales fueron invertidos en acciones encaminadas a promover la participación política de las mujeres a través de actividades como estrategias de comunicación, formación política, electoral, publicaciones y otros gastos relacionados con la inclusión de las mujeres”, advierte el informe y puntualiza también que hay gastos que no concuerdan con lo planteado inicialmente, como adornos de Navidad, flores y otros detalles alusivos a la celebración del día de la mujer y pagos de salarios, entre otros.

Pero el panorama es más desolador de lo que parece, pues el documento señala el caso de tres candidatas al Concejo Distrital de Barranquilla en 2015 que fueron incluidas en la lista del MAIS para completar la cuota mínima de participación femenina del 30 %, y que a pesar de eso, sufrieron instrumentalización por parte de la colectividad, pues no recibieron apoyo económico y mucho menos capacitaciones durante sus campañas.

Finalmente, la organización hizo un llamado a todos los movimientos y partidos políticos para que se ejecuten acciones reales y concretas para la inserción de mujeres en la toma de decisiones en el ámbito político y que desde allí se impulsen los liderazgos femeninos mediante el pleno uso de los recursos destinados a cada colectividad y que también exista la igualdad de condiciones a la hora de financiar campañas previas a elecciones.

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