Este 20 de diciembre, el Movimiento de Víctimas de Estado (Movice) dio a conocer un informe ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos en el que denuncia el caso de 354 víctimas de desaparición forzada entre 1974 y 2014.
El documento asegura que las víctimas -que en su mayoría eran de la región del Magdalena Medio y el departamento del Meta- hacían parte de movimientos políticos como la Unión Patriótica y el Partido Comunista, así como líderes sociales de movimientos campesinos y miembros de juntas de acción comunal
Según el informe, el momento más álgido de desapariciones y crímenes en estas zonas del país fue en la década del 2000, especialmente entre 2001 y 2006.
Los responsables, de acuerdo con la investigación, en su mayoría son grupos paramilitares como las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y el Bloque Centauros. También hay participación de fuerzas del Estado, en específico brigadas del Ejército como la quinta, catorce y batallones como el Francisco José de Caldas, Contraguerrillas 79, y Pantano de Vargas en el Meta
Los investigadores encontraron que los responsables habrían utilizado métodos como la detención ilegal y traslado de las víctimas a unidades militares, retenes ilegales y sustracción y secuestro de los afectados de sus propias casas.
Laura Montoya, investigadora del Movimiento Movice, aseguró que la desaparición de personas respondió a un esfuerzo de diferentes actores colombianos para “instaurar órdenes sociales, políticos y económicos”.
La práctica de la desaparición forzada se perpetró para instaurar órdenes sociales, políticos y económicos relacionados con un modelo de desarrollo y para el exterminio de movimientos sociales y políticos que se presentaban como alternativas
Por último, pidieron a la JEP que se avance en el macrocaso de investigación de índole nacional sobre el fenómeno de desaparición forzada durante el conflicto armado colombiano.
Movice dice que presidente Duque niega a las víctimas de desaparición forzada la posibilidad de presentar casos ante la ONU
Las víctimas y organizaciones que integran la Campaña #DóndeEstán realizaron un acto público el pasado 31 de agosto, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, para solicitar al presidente Iván Duque que aceptara la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar casos de desaparición individuales e interestatales.
Este Comité fue creado por la Convención Internacional de Protección de todas las personas contra las desapariciones, la cual fue ratificada por Colombia mediante la Ley 1418 del primero de diciembre de 2010, y fue declarada exequible por la Corte Constitucional.
El evento fue convocado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice- y la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU- y culminó con la radicación de una carta firmada por más de 10 mil personas en la secretaría de Presidencia. Documento que fue respondido en días pasados con la negativa de presidencia ante dicha solicitud argumentando que ya existen las instancias suficientes a nivel nacional e internacional para garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada.
Los casos de desaparición forzada se siguen presentando en todo el territorio nacional y en varias regiones están aumentando y se han generalizado como práctica de represión y control social, como se evidenció en el Paro Nacional.
Además, existen muy pocos avances en la prevención de este delito, la búsqueda con vida de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos. Adicionalmente, los organismos competentes del tema no han sido eficientes en su labor, ni han logrado procesos de articulación.
Por ello, la campaña #DóndeEstán continuará insistiendo, a este y al próximo Gobierno, para que acepte la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas para estudiar casos de Colombia, pues esta es una herramienta de apoyo para los familiares en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, y un complemento para las instancias del Estado encargadas de la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de este crimen atroz.
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