Cámara aprobó polémico proyecto de ley de seguridad ciudadana

Con 68 artículos, doce horas de discusión en plenaria de la Cámara de Representantes, mensaje de urgencia del gobierno y críticas desde la bancada opositora, fue aprobado el proyecto de ley que refuerza la seguridad ciudadana en Colombia.

Este articulado cuenta con varios elementos polémicos en los cuales se tipifica el uso de armas blancas, se propone un aumento a las penas de agresión contra la fuerza pública, fortalecimiento de la seguridad en las cárceles por parte de actores privados, es la gran apuesta del gobierno al cierre de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo.

Los puntos destacados del proyecto son los siguientes:

- Endurecimiento de penas en caso de homicidio contra un uniformado: lo aprobado en Cámara establece que este tipo de hechos se castigará con penas que oscilan entre 41 y 60 años de prisión

- Penas más fuertes para quienes obstruyan la labor de la fuerza pública: el artículo 20, que suscitó reacciones airadas por parte del representante David Racero (Partido Alianza Verde), castiga con penas de entre tres a cinco años a quienes opongan actos de violencia, amenazas o intimidaciones al accionar de la fuera pública

- Porte de armas de fuego o armas blancas tendrán penas entre 4 a 6 años si éstas no son utilizadas para un fin lícito

- Traslados por protección de ciudadanos retenidos por la fuerza pública contarán con cámaras en establecimientos carcelarios, personal médico que atienda emergencias de salud, comunicación con un familiar en caso de traslado a otro centro penitencial

- El uso de armas en legítima defensa ante situaciones que así lo ameriten

- El proyecto de ley es claro en solictar que se eviten las excarcelaciones de reincidentes capturados por las autoridades, ya que en la actualidad los jueces no tienen mayores herramientas para detenerlos en prisión y se deben dejar en libertad

- Refuerzo en ciberseguridad para la Fiscalía con la apertura de 125 vacantes para cargos informáticos

¿Populismo punitivo? Reacciones en pro y en contra acerca del proyecto de seguridad ciudadana

Para el representante a la Cámara y coordinador ponente, Juan Manuel Daza, la luz verde que dio la Cámara al articulado busca instaurar un mecanismo de defensa legítima para los ciudadanos:

“Quedan notificados los bandidos: el que se meta a una casa o a un negocio a robar, aquí ya tenemos las facultades y las herramientas para defendernos. Yo no pienso tanto en el bandido, yo pienso en el que está en la calle y el otro llega a asesinar o a robar”, motivo por el cual asegura que la intención no es promover un populismo punitivo con este PL.

En cambio, para la representante María José Pizarro, lo aprobado en Cámara es una criminalización de la protesta, especialmente, después de los acontecimientos del anterior paro nacional: “Este proyecto de ley lo que hace es criminalizar la protesta, lo que permite es la judicialización, un aumento de penas”, indicó Pizarro.

Para el ministro de Defensa, Diego Molano, la intencionalidad de la ley es proteger a los ciudadanos, víctimas, en sus palabras, de los hurtos y el vandalismo.

El funcionario aseveró que otro beneficio de la ley es la protección de los CAI (Centro de Atención Inmediata), objeto de ataques y vandalismo durante las anteriores revueltas: “se permite que no se pueda volver a atacar o destruir un CAI”.

Las tres reacciones más duras de la bancada opositora provinieron de los representantes David Racero y Juanita Goebertus, el primero señalando que esta ley restringe el derecho a la protesta.

Racero puntualizó que iniciará acciones contra el PL porque lo considera, en sus palabras, inconstitucional: “Desde ya anunciamos que vamos a demandar, vamos a adelantar las acciones jurídicas necesarias para que se caiga en la revisión constitucional. Esto es de frente inconstitucional, limita y censura la manifestación de la oposición”.

Para el representante Inti Asprilla, el proyecto de seguridad ciudadana debería rebautizarse “ley Andrés Escobar” en alusión al ciudadano caleño que utilizó armas de fogueo en contra de manifestantes pertenecientes a la Minga indígena en Cali.

Juanita Goebertus, partido Alianza Verde, manifestó su inconformidad con el artículo que afectaría a los privados de la libertad en Colombia al abrir la puerta a una presunta privatización de los centros carcelarios en el país.

“Genera un incentivo a poder meter a más personas a las cárceles, sin tener garantías de la protección de los derechos humanos”, indicó la parlamentaria.

Este proyecto de ley, cuyo trámite afrontó una fallida proposición de archivo en primeros días de diciembre, le resta un debate en plenaria del Senado antes de pasar a sanción presidencial.

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