En meses pasados La Corte Constitucional recibió dos quejas desde las cárceles de Medellín y Florencia en donde varios presos se quejaban y solicitaban que se revisara la medida de prohibición que les impedía tener visitas intimas en prisión. Varios de los solicitantes aseguraron que estaban perdiendo a sus familias pues no podrían compartir su sexualidad durante la pandemia.
La medida que tomó el Inpec fue para, según ellos, que se evitara la propagación del Covid-19 en los centros carcelarios. La norma obligaba a los visitantes, sin importar si eran pareja o no, a tomar distanciamiento de dos metros y no estar en un ambiente privado en los 45 minutos que tenían para estar a solas con sus parejas.
Debido a que no se había visto una situación similar en Colombia, la Corte decidió evaluar cada uno de los casos y decidió que, sin importar la pandemia o las restricciones por Covid-19, no se les impida a los reclusos de gozar de una sexualidad plena. Esta medida la tomaron protegiendo el derecho a la libre sexualidad de los presos.
Así las cosas, la Sala Séptima de la Corte solicitó al Inpec que se adecuen los espacios de las prisiones para que los privados de la libertad puedan hacer uso de su derecho y se reactiven las visitas conyugales dentro de los establecimientos. Dentro de la solicitud se especificó que, en estos lugares, tendrá que haber absoluta privacidad, que sea un espacio limpio, desinfectado, con buena ventilación y que se verifique que cada pareja se desinfecte luego del encuentro intimo. Así mismo, verificar que quienes ingresen a las prisiones no tengan síntomas de covid-19.
Para la Corte las restricciones que se tomaron frente a la sexualidad de los presos, vulneraron derechos fundamentales como la dignidad, el tener una familia, y el desarrollo de la personalidad.
Cómo avanza la inmunización en las cárceles del país:
La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta ante la baja cobertura de vacunación contra el covid-19 en las cárceles del país, pues según indicó, pese a que en enero de este año esa población fue priorizada para recibir el biológico contra la enfermedad, a corte de noviembre, solo el 37% de los privados de la libertad cuenta con su esquema completo de inmunización, mientras que únicamente el 49% del personal de vigilancia lo tiene, así lo conoció RCN Radio.
La entidad además prendió las alarmas ya que, según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), en los centros penitenciarios del país también se han confirmado 656 casos de covid-19.
Ante las preocupantes bajas cifras de inmunización y el número de casos de covid en las cárceles colombianas, a través de una misiva conocida por la misma emisora, el procurador delegado para la defensa de los derechos humanos, Javier Augusto Sarmiento, hizo un llamado al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec) para que pongan en marcha medidas urgentes que permitan culminar con la vacunación de los detenidos en el país.
“Para la ejecución oportuna y eficaz de la vacunación contra la covid-19 dirigida a la población privada de la libertad recluida en centros penitenciarios y carcelarios, aunando al cumplimiento de los lineamientos para la vigilancia epidemiológica”, señaló la Procuraduría a las entidades penitenciarias, en la carta conocida por RCN Radio.
Frente a lo anterior, en el documento la Procuraduría le dio al Inpec y a la Uspec tres días para que les entregue el plan de acción que desarrollarán de la mano con las autoridades distritales y departamentales, para ampliar la cobertura de vacunación contra el covid-19 en los centros penitenciarios de Colombia.
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