El pasado 13 de diciembre, la Alcaldía de Bogotá presentó un informe sobre los hechos de violencia ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020 en varias partes de la ciudad y que estuvo a cargo del equipo del exdefensor del Pueblo, Carlos Negret.
Ante la prensa, la alcaldesa Claudia López lloró por las víctimas de la Policía, que, de acuerdo con el documento, son los responsables de la muerte de 11, una “masacre” para muchos sectores de la sociedad.
En el portal periodístico La Nueva Prensa, el exdirector de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, Andrés Idárraga, narró lo que vivió ese día como miembro del Distrito.
Según el exfuncionario, a las 5:00 a.m. se enteró del asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez, en el barrio Villa Luz hasta donde llegó una hora después para encontrar la casa rodeada de periodistas y de CTI.
“Por mi parte, entregaba el reporte de la situación a mis superiores, al tiempo que terminábamos de alistar todo para el lanzamiento de la Ruta de los Derechos Humanos en el barrio Santa Fe, de la localidad de Los Mártires; un vehículo que pensamos que ayudaría a hacer promoción de las rutas de protección de la Dirección de Derechos Humanos, al buscar acercar el gobierno a algunos lugares donde ni las alcaldías locales acostumbran a llegar”, escribió en el portal.
Luego de ese recorrido, notó que a medida que pasaban las horas, la ciudad se convertía en un caldo de cultivo para la tragedia, pues los ánimos estaban caldeados, pues la ciudadanía llegó a los CAI para protestar por la brutalidad policía.
“Entrada la tarde iniciaban los enfrentamientos entre los jóvenes y la policía, mientras la alcaldesa Claudia López convocaba al Comité Civil de Convivencia, una figura que se encuentra establecida en el Código de Seguridad y Convivencia para atender conflictos en las ciudades”
Aseguró que llegó con otros directivos, la comandancia de Policía y, por medio de videollamada,” José Miguel Vivanco, de HRW, y un delegado de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia”.
Esa reunión, de acuerdo con Idárraga, se extendió hasta la noche cuando la ciudad ya se encontraba en los más complicado de la protesta, mientras la alcaldesa salía a los medios a dar declaraciones.
“En ese momento, algunos defensores de derechos humanos me informaban que la policía estaba disparando contra los jóvenes y se rumoraba el asesinato de varios de ellos”, narró en su escrito el defensor de derechos humanos.
Según el relato del entonces director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, siempre pidió a sus superiores salir a la calle para reforzar el acompañamiento de las protestas, pero la única respuesta que recibió del Distrito fue: “Ya mandamos a la casa a los gestores por razones de seguridad. Toca esperar a ver qué podemos hacer mañana”.
Esto preocupó al funcionario, quien tuvo que irse para la casa, pero no sin antes pedirle a la ciudadanía, por medio de redes sociales, que “informara dónde se encontraban personas heridas y detenidas”.
Los mensajes me desbordaron. Eran, quizá, las 10 pm, y solicité un vehículo a mis superiores para salir a la calle y llegar a los puntos donde me informaron que estaban los asesinados, heridos y detenidos ilegalmente.
A pesar de ser un miembro del Distrito le negaron el vehículo que solicitó y hasta la secretaria privada del secretario de Gobierno le recriminó por querer salir, a lo que él respondió que ellos “no conocen la ciudad”.
Luego de mucho insistir, el vehículo llegó a las 12 de la noche, no sin antes decir que iba a salir en su propio carro y bajo responsabilidad del la Secretaría.
Me reportaron que el profesor Wilder Andrey Téllez González se encontraba detenido junto con otras personas más en el CAI de Arborizadora Alta de la localidad de Ciudad Bolívar. Fue el primer lugar donde llegué. A mi arribo, él se encontraba fuera del CAI, pero malherido, junto a otras personas más.
En el texto, el defensor de derechos humanos cuenta en detalle los hechos de maltrato cometidos por la policía y asegura que la Fiscalía poco ha avanzado en las investigaciones.
Hay pruebas en poder de la fiscalía, que no ha avanzado en la investigación. La edil Jasmín García, que se encontraba en el sitio, me decía que dentro del CAI había más personas. Los policías me negaban la entrada a verificar lo que me decía la edil.
Aseguró que paso por estaciones de Policía de “Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Los Mártires, Teusaquillo y los CAI del Parkway, Galerías”.
Al llegar al CAI Verbenal la escena lo impactó, tanto que la comparó con la de un campo de batalla, pues las calles estaban llenas de sangre y casquillos de bala.
“El paisaje en esa noche era el resultado de un campo de batalla. Frente a él, pareciera que hubieran llegado varias volquetas a descargar toneladas de rocas. Esa era la cantidad de piedras que había en ese lugar, junto a rastros de sangre y decenas de casquillos de balas disparadas”.
Por último, lamentó lo ocurrido y aseguró no poder ver a las familias de las víctimas “a los ojos”. Insistió en que todo lo ocurrido fue un erro “de la administración, de la alcaldesa y sus secretarios, haber dejado sola a la ciudadanía esa noche”:
“Hoy lloran ante las cámaras, pero no reconocen el (mal)trato dado a las víctimas y sus familias en los 15 meses transcurridos desde la masacre; mucho menos a los manifestantes a quienes no han dejado de señalar como vándalos. Los policías siguen libres, “impartiendo justicia” por los barrios. El comandante encargado de la Metropolitana de Bogotá de esas noches sigue como si nada, junto a los comandantes de CAI que estuvieron al frente de las agresiones contra la juventud bogotana. El informe al que hice referencia al inicio podrá contrastarse con mis palabras para buscar coincidencias o vacíos. Justicia para las víctimas y sus familias es lo que hace falta”, sentenció Andrés Idárraga en el escrito de su autoría.
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