A finales de abril del 2021 se llevaron acabo múltiples manifestaciones alrededor del país. Lo que comenzó como un protesta contra el proyecto de reforma tributaria presentado por el exminitro de Hacienda Alberto Carrasquilla, fue el inició del paro nacional que duro más de 50 días en contra del Gobierno nacional y de las políticas que se habían aplicado hasta el momento. Sin embargo, estas no se mantuvieron pacificas, sino que el caos y la violencia llegaron y de esta forma se dieron muertos y heridos.
De acuerdo con algunos informes presentados por ONG’s y entidades internacionales como Naciones Unidas una parte de los homicidios fue provocado por el “uso innecesario o desproporcionado de la fuerza” por parte de agentes del Estado, en total unas 29 muertes. Sin embargo, de acuerdo con el fiscal general Francisco Barbosa de las 29 muertes de manifestantes, para la fiscalía no todas fueron cometidas por uniformados. Incluso, pasados cuatro meses solo 10 agentes estatales están involucrados en el proceso.
“Entre el 28 de abril y el 13 de agosto de 2021 identificamos la ocurrencia de 57 homicidios. Y a partir de un proceso de verificación y unos criterios que definimos en la entidad, logramos determinar que únicamente 29 homicidios se presentaron con ocasión de las manifestaciones violentas. Hemos avanzado en las investigaciones, logrando que 17 de los homicidios cuenten con un avance de esclarecimiento del 58,62 por ciento y la identificación de 19 presuntos victimarios de estos hechos; 9 son civiles, y 10, integrantes de la Fuerza Pública. Esta acción ha sido reconocida por la comunidad internacional”, anotó en entrevista con El Tiempo el jefe máximo de la Fiscalía General de la Nación.
En el diálogo con el medio colombiano, Barbosa agregó que en cuanto a la ‘primera línea’, como son considerados parte de la delincuencia común, se están llevando acabo todas las investigaciones posibles para comprobar que atentaron contra el derecho a la protesta pacífica y judicializar a más de 100 personas relacionadas con el colectivo.
“Las acciones delincuenciales violaron justamente el derecho pacífico de la protesta de millones de colombianos. Por eso, con lo relacionado a los presuntos integrantes de la llamada primera línea en este momento tenemos 130 indiciados activos en 18 casos, de los cuales hay uno en indagación, 12 en investigación y 5 en juicio. Estos casos están en Bogotá y en los departamentos de Valle, Tolima, Antioquia, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Quindío, Caldas, Risaralda y Cauca”, puntualizó el fiscal.
Recordemos que ONU publicó hace unos días publicó un documento sobre lo sucedido en Colombia en el paro. En el informe de 63 páginas la delegación en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas adujo “razones fundadas” para sostener que las autoridades incurrieron en el “uso innecesario o desproporcionado de la fuerza” en las movilizaciones.
“En al menos 28 casos los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la Fuerza Pública” y en “10 habrían sido actores no estatales”, se lee en el informe. En los demás casos, añade la ONU, no pudo identificar al presunto agresor.
Además, el ente comentó que hasta la fecha, la Oficina ha verificado 46 muertes, de las cuales 44 eran civiles y dos eran policías. De las muertes documentadas, el 76 por ciento de las víctimas murieron por heridas de bala.
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