JEP decreta medida cautelar al Estero de San Antonio en Buenaventura

Este viernes 17 de diciembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medida cautelar sobre el Estero de San Antonio, en el municipio de Buenaventura, sector en el que se encontraría cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado en Colombia.

Así lo anunció la Sala para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad luego de finalizar una audiencia que se llevó a cabo en Cali, entre el jueves 16 y este viernes 17 de diciembre, en la que se realizó la recolección de pruebas e información con la participación de víctimas, organizaciones sociales y entidades gubernamentales.

“La Sala decreta cautelar el territorio del Estero de San Antonio con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las familias y víctimas de desaparición y en consecuencia prohibir cualquier tipo de intervención en este lugar durante el término básico de 180 días prorrogables, en especial el eventual dragado del mismo y el desarrollo de las obras civiles”, indicó la Sección la Jurisdicción Transicional.

A su vez, se ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) que en un término de 60 días en articulación con la la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) elabore una metodología de intervención forense que tenga en cuenta el plan de búsqueda del Estero de San Antonio, como se ha desarrollado en otras localidades en el país en las que se presumen se encuentran restos de personas desaparecidas.

Asimismo, la Sala le solicitó al Departamento de Atención a Víctimas de la Secretaría Ejecutiva del Tribunal de Paz evaluar las necesidades y ofrecer atención a las víctimas de desaparición forzada en el puerto de Buenaventura y ordenar a la UIA que en en coordinación de la Unidad de Búsqueda se lleve a cabo una visita técnica a la llamada isla calavera en el municipio de Buenaventura en el término máximo de 30 días.

“Las medidas cautelares nos invitan a profundizar no en el rol reactivo, en lo que puede tratar de hacer y corregir una vez cometida la transgresión, el crimen, el daño, sino en el rol preventivo de la justicia. Somos conscientes de que ya ha habido muchas afectaciones, mucho dolor, mucha pérdida, incalculable, desproporcionada, demasiada. Pero evaluamos medidas cautelares de la mano de ustedes para evitar nuevos daños irreparables”, señaló por su parte el magistrado Alejandro Ramelli.

Esta decisión fue celebrada por las víctimas y las organizaciones sociales que hicieron parte de la audiencia, dentro de las que se encontraba el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia (Movice) la cual destacó que la petición de las víctimas fue escuchada por la justicia transicional, lo que permitirá poder hacer una investigación forense de este lugar en el Pacífico colombiano.

Asimismo, la organización le solicitó a la JEP desarrollar un espacio de socialización donde se lleven a cabo las “discusiones que se den en las mesas de trabajo con INVIAS e inviten a la mesa de acceso a la justicia a las víctimas así como protección y memoria del paro cívico de Buenaventura”.

Por su parte, la representante de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, indicó que celebraba la decisión de medida cautelar de la Jurisdicción Especial de protección del Estero San Antonio en Buenaventura. Con la cual “se preserva el lugar donde se presume se encuentran cuerpos de personas dadas por desaparecidas”, concluyó.

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