Envían a la cárcel a funcionaria de la Defensoría en Buenaventura implicada en casos de secuestro y tortura

La Fiscalía General de la Nación informó que Mónica Andrea Bravo Bermúdez, funcionaria de la Defensoría del Pueblo de Buenaventura, fue enviada a la cárcel por estar implicada en el secuestro y tortura de tres personas.

De acuerdo con el ente acusador, los hechos ocurrieron el 31 de enero de este año, cuando la funcionaria de la Defensoría del Pueblo al parecer citó en su casa a un empleado que le ayudaba en labores domésticas y a dos ciudadanos extranjeros que realizaron una obra en su vivienda.

Según lo establecido, la mujer estaba acompañada de un sujeto identificado como Javier Enrique Bermúdez Yesquen y dos hombres más, quienes habían llegado de Cali al puerto de Buenaventura, presuntamente convocados por ella.

Amenazaron, golpearon y torturaron a los trabajadores

En el interior del inmueble, los tres trabajadores citados por la funcionaria fueron amenazados con armas de fuego supuestamente por los ciudadanos caleños, quienes se habrían identificado como integrantes de una oficina de cobro.

Los hombres armados al parecer interrogaron a las víctimas sobre el paradero de 40.000.000 de pesos que se habían extraviado de la casa de la funcionaria días antes a esa reunión. Los hombres fueron acusados tanto por la funcionaria como por los delincuentes de haber hurtado esa millonaria suma mientras estuvieron trabajando en ese lugar.

De acuerdo el relato de la Fiscalía General de la Nación, las amenazas y hostigamiento se extendieron por varias horas.

Después del medio día, los empleados amenazados fueron conducidos en dos vehículos a una finca de propiedad de Bravo Bermúdez, el acompañante de la funcionaria. Allí, fueron atados de pies y manos, y sometidos a golpes, torturas y más amenazas, con el fin de obligarlos a decir dónde y quién se había robado la millonaria suma de la casa de Mónica Andrea Bravo.

Más tarde, en horas de la noche, las víctimas fueron llevadas de nuevo a Buenaventura, según informó el ente acusador. Allí los hoy señalados por la Fiscalía General de la Nación les habrían advertido que no podían dar aviso a las autoridades sobre lo sucedido en la vivienda de la funcionaria y en la finca donde fueron torturados, todo esto bajo amenazas.

Cabe mencionar que, el sujeto identificado como Javier Enrique Bermúdez Yesquen fue imputado junto a la funcionaria de la Defensoría del Pueblo por ser presuntos coautores de los delitos de secuestro simple agravado en concurso heterogéneo con tortura agravada.

La Fiscalía General de la Nación informó que durante las audiencias concentradas, los hoy procesados no se allanaron a los cargos imputados.

Sobre el dinero que presuntamente se perdió en la vivienda y por el que Mónica Bravo contrato delincuentes para torturar a sus empleados, el ente acusador no se refirió. Hasta el momento se desconoce si realmente alguna de las víctimas de tortura y secuestro están involucradas en la pérdida de la millonaria suma.

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