Autoridades incautaron mercancía de contrabando avaluada en más de $8.000 millones en Bogotá

El delito de ingresar al país mercancías de diferentes tipos por lugares no habilitados u ocultas para evitar la intervención y control aduanero es el pan de cada día para las autoridades del país. El contrabando, especialmente para las fechas de navidad y fin de año, aumenta en la medida en la que los delincuentes pretenden ingresar al país más mercancía que puedan comercializar.

En las últimas horas, en dos operaciones conjuntas realizadas por la Policía Nacional a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en un trabajo articulado con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Fiscalía General de la Nación se logró la incautación de un gran cargamento de confecciones textiles de contrabando que iban a comercializarse en los próximos días en la capital.

Las autoridades reseñaron que, en el marco del plan “Cruzada Contra el Contrabando”, se llevaron a cabo dos labores de registro y allanamiento en un reconocido parque empresarial e industrial ubicado en la localidad de Engativá. Allí capturaron a dos personas en flagrancia e incautaron más de 193 mil unidades de confecciones.

Según las autoridades, este operativo, que calificaron como una de las mayores operaciones contra el contrabando en el sector económico textil del año, dejó una afectación económica de 8.700 millones de pesos a las estructuras criminales transnacionales. Mientras que el jefe de División de Control Operativo Bogotá, mayor Miguel Ángel Mercado, indicó que de haberse comercializado dicha mercancía el Estado habría tenido una afectación de 4.263 millones pesos, por tributos que no fueron pagados.

Tras varias labores de inteligencia, las autoridades determinaron que esta red tenía una estrategia que estaba milimétricamente calculada para evitar los controles aduaneros y poder ingresar al país su mercancía de contrabando. El cargamento llegaba desde el centro de acopio hasta centros comerciales como San Victorino y San Andresito en Bogotá a través de vehículos con blindaje especial y de alta gama que eran manejados por estos delincuentes.

Lograron establecer que estos vehículos ingresaban a las bodegas, utilizando un sofisticado sistema de tecnología con tarjeta con chip. Aunque el deposito daba la apariencia de estar vacío, para no llamar la atención de las autoridades o transeúntes, lo cierto es que allí dentro los delincuentes abastecían de mercancía de contrabando los carros y luego estos se dirigían a los centros comerciales.

En un comunicado oficial, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que para llevar a cabo esta investigación, las autoridades emplearon técnicas especiales de investigación, donde fue necesario utilizar equipos técnicos y tecnológicos para identificar los centros de acopio, donde estos delincuentes almacenaban el ilícito. Además, establecieron que los delincuentes, ciudadanos extranjeros, contaban con un sofisticado sistema de vigilancia, que los alertaba ante la presencia de la Policía Fiscal y Aduanera.

Estas personas fueron presentadas ante la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de Favorecimiento al Contrabando (Art 320) del Código Penal Colombiano y podrían enfrentar de 3 a 6 años de prisión.

Por otro lado, esta semanal la Policía Fiscal y Aduanera también presentó ante la Fiscalía General de la Nación a seis personas que fueron capturadas en Bogotá por presuntamente hacer parte de una organización delincuencial dedicada al contrabando de confecciones, textiles y calzado con fines de lavado de activos. Según los investigadores estas acciones se perpetraron entre el año 2014 y la actualidad en operaciones aduaneras fraudulentas.

Los delincuentes importaban mercancía proveniente de China, Estados Unidos y Panamá utilizando documento falsificados de facturas de compra, realizando también la sub facturación de valor y alteración del peso del producto. “La operación Imperio fase II, es la culminación de un proceso investigativo iniciado en el año 2014 en nuestro país, producto de una asistencia judicial solicitada por autoridades de Estados Unidos a raíz de la incautación de diez millones de dólares en el Estado de California, en la cual se hallaron unos elementos materiales de prueba que relacionaban empresas colombianas con lavado de activos producto del narcotráfico”, detallaron en un comunicado.

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