La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde el año pasado está evaluando si declara medidas cautelares para el estero de San Antonio, en Buenaventura (Valle del Cauca), un lugar en el que se presume que reposan los restos de víctimas del conflicto; por esta razón la instancia de justicia transicional inició desde este jueves dos audiencias a las que tienen que asistir entidades como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la alcaldía de la ciudad portuaria y la Gobernación del Valle del Cauca. El representante de esta última entidad abandonó la audiencia.
El hecho ocurrió el jueves, luego de que la Sección de Ausencia de Reconocimiento, de la que se encarga el magistrado Gustavo Salazar, y que sesionaba en Cali, citó tanto a las víctimas como a los representantes de las entidades nacionales y locales del Estado.
Sin embargo, aunque se había hecho la advertencia de que se trataba de una comparecencia obligatoria, que se debía cumplir por ley, el secretario de Gobierno del Valle, Orlando Riascos, no se presentó en la tarde.
Al notar la ausencia del funcionario, tras el llamado del magistrado Salazar para atender la audiencia, se abrió un incidente de desacato contra Riascos.
“La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP abre incidente de desacato al secretario de Gobierno del Valle, Orlando Riascos. El funcionario tiene 5 días para explicar por qué incumplió la orden judicial de permanecer en la audiencia en Cali”, señalaron a través de la cuenta oficial del tribunal de justicia transicional.
Según informaron en el periódico El Espectador, una funcionara de la Gobernación de Valle le indicó al magistrado Salazar que el secretario de Gobierno tuvo que acudir a un consejo de seguridad.
Entre tanto, en la emisora Blu Radio consultaron con el funcionario quien aseguró que ya había bridado sus explicaciones al magistrado.
“Solo me retiré un momento, porque tenia que firmar unos papeles de cierre financiero. Ya le expliqué al magistrado, la Gobernación respeta las sentencias de la JEP y a las victimas, pero mañana a primera hora estaré en la audiencia”, afirmó Riascos en el medio radial.
En Blu Radio también destacaron que la ausencia del funcionario fue duramente reprochada por el magistrado Salazar.
“La magistratura advierte que no se pueden ausentar de la audiencia. ¿Qué es prioritario? No entiendo que otra cosa puede tener más importancia”, reprochó el operador judicial.
El estero de San Antonio en Buenaventura es uno de los lugares en que durante el conflicto armado fueron arrojados los despojos de las víctimas que iban desde personas asesinadas, como de los que perecieron en las denominadas casas de pique, donde eran sometidos desmembramientos.
Por esta razón la JEP inició las audiencias para recoger la información necesaria para determinar si en ese lugar de la ciudad portuaria no se pueden realizar construcciones y obras de infraestructura, como la ampliación del puerto que se está proyectando desde el 2020.
Según datos entregados por el Centro Nacional de Memoria Histórica a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en Buenaventura, principal puerto de Colombia en el Pacífico, 841 personas fueron desaparecidas en el contexto del conflicto armado, de las cuales 779 fueron desaparecidas forzadamente, 40 reclutadas, 19 asesinadas con ocultamiento de cuerpos y tres secuestradas.
“Como se recuerda, la JEP ha venido realizando una serie de visitas, audiencias y encuentros con organizaciones de víctimas y de defensa de derechos humanos con el objetivo de determinar la adopción de medidas de protección sobre el territorio conocido como el Estero de San Antonio, en Buenaventura, en donde podría haber restos de personas desaparecidas con motivo del conflicto armado en esa zona del Valle del Cauca”, indicaron en esa instancia judicial.
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