Cumpliendo con las disposiciones de la Ley 1448 del 2011 o Ley de Víctimas, este 15 de diciembre se eligió e instaló la nueva Mesa Nacional de Víctimas, un mecanismo para que los afectados por el conflicto puedan intervenir efectivamente acerca de las normativas y temas que los involucran. El proceso contó con la participación de 400 delegados de los 32 departamentos y del Distrito Capital, así como de seis representantes de víctimas en el exterior y 22 organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas.
“La elección de las más de mil mesas municipales y distritales, las 32 mesas departamentales y esta Mesa Nacional de Víctimas es una de las más grandes tareas por la construcción de paz en Colombia, en la que transformamos ese dolor y le damos sentido por medio de la participación que tiene un propósito común: construir un mejor país, una nación en paz y reconciliada que solo puede venir del cumplimiento honesto de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, aseguró Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
Para este nuevo periodo, que va de 2022 a 2023, se eligieron 56 líderes sociales. Se indicó que cada uno de ellos representará los seis enfoques diferenciales: mujeres, jóvenes, población LGBTI, personas mayores, personas en condición de discapacidad y grupos étnicos. Así mismo, representan los seis hechos victimizantes contemplados en la ley: vida y la libertad, desplazamiento forzado, violencia sexual, integridad física y psicológica, desaparición forzada y víctimas de minas antipersonal, y las víctimas en el exterior. También se destacó la participación por primera vez de la delegación de los sujetos colectivos no étnicos, así como del pueblo rom.
El nuevo equipo tendrá la tarea de seguir las actividades que dejaron los delegados de 2021, quienes en su última sesión, realizada el pasado 10 de diciembre, esbozaron los temas más relevantes para la Mesa de Víctimas en el futuro, entre ellos, el seguimiento a los compromisos pactados en el marco de los Diálogos sobre lo Fundamental con la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Además, se deberá estar atento a que la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural presenten un informe sobre la entrega de tierras y proyectos productivos. Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación también deberá reportar los avances en la Circular 022 sobre el SISBEN IV, dadas las copiosas quejas que se han venido presentando por parte de las víctimas en territorio.
Por supuesto, desde la Mesa de Víctimas también se deberá hacer seguimiento a las elecciones que se desarrollarán en 2022. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional fueron convocados por el mecanismo con el fin de “aclarar las dinámicas complejas y adversas presentadas en el marco de las Circunscripciones Especiales de Paz, la financiación de campañas y los detalles en el acceso a estos recursos”.
Dentro de los puntos relacionados a las elecciones, sin duda, las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) son las más relevantes. Las candidaturas al Senado de la República (circunscripción nacional e indígena), y la Cámara de Representantes (circunscripción territorial, indígena, afrodescendiente e internacional), podían ser inscritas hasta el 13 de diciembre por partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales, comités promotores del voto en blanco y organizaciones indígenas y afrodescendientes reconocidas por el Ministerio del Interior.
Se indicó que todo este proceso de transición dentro de la Mesa Nacional de Víctimas será respaldado por la Defensoría del Pueblo, en su rol de Secretaría Técnica, y por la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unidad para las Víctimas, entre otras entidades.
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