A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores -también Cancillería de Colombia- indicó que recibía “con el mayor sentido de responsabilidad” el informe que publicó la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los hechos en los que se señala que hubo violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública durante el Paro Nacional.
El documento que fue elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se indica que durante las protestas en Colombia hubo 46 muertos y, al parecer, 28 de ellas habrían perecido a manos de la Policía.
“Existen motivos razonables para afirmar que, en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la Policía y que, en al menos 10 de esas 28 muertes, estarían involucrados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional”, indicó el informe que se título como El paro nacional 2021. Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia.
Pese a esta grave conclusión del informe de la ONU, en el comunicado de la Cancillería no hacen mención a las muertes que habrían causado los uniformados, sino a lo que señalan eran los reconocimientos que les hacía ese organismo sobre la labor y el esfuerzo del Estado colombiano para garantizar la protesta en el país.
“Se reconoce que Colombia cuenta con un marco jurídico robusto en materia de protección al derecho de reunión pacífica; la política inequívoca de “cero tolerancia con los abusos de la Fuerza Pública” reiterada por el Señor Presidente de la República y la Señora Vicepresidenta y Canciller; la celebración de los diálogos del orden nacional y regional; así como la instalación y funcionamiento de la Mesa Nacional para la Evaluación de las Garantías de Manifestaciones Públicas”, aseguran en el comunicado.
También el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que desde la ONU habían celebrado que se hubiera permitido la visita de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ampliación del ingreso solidario, la aplicación de la matrícula cero en las instituciones educativas públicas, y la creación de una Dirección de Derechos Humanos dentro de la Policía Nacional.
Destacaron que en el informe la ONU se reconocía que se había avanzado en las investigaciones por las posibles violaciones de derechos humanos en las protestas.
“Se destaca la resolución del Fiscal General de la Nación, de fecha 31 de mayo de 2021, que establece que la justicia ordinaria es la competente para investigar los posibles excesos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en el marco de las jornadas de Paro Nacional (...) (La ONU) destaca la resolución del Fiscal General de la Nación, de fecha 31 de mayo de 2021, que establece que la justicia ordinaria es la competente para investigar los posibles excesos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en el marco de las jornadas de Paro Nacional”, aseguraron.
Finalmente destacaron que desde el gobierno del presidente Iván Duque se está trabajando para que haya cero tolerancia a los casos de abusos de la Fuerza Pública.
“No es retórica, se traduce en medidas efectivas de prevención de esos casos, de sanción a los responsables y de reparación a las víctimas. Por ello es indispensable resaltar la integralidad del proceso de transformación de la Policía Nacional. (...) Dos proyectos de ley que hacen parte de este proceso, están a punto de convertirse en ley de la República para elevar el nivel de profesionalización de los agentes, así como fortalecer el régimen disciplinario”, aseguraron en el comunicado.
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