Alcalde de Turbo a la cárcel por negarse a desalojar 200 familias de un predio

La determinación judicial, que corresponde a tres días de cárcel, se debe a que Tatiana María Pineda, quien fungía como alcalde encargada del municipio de Turbo, del 8 al 11 de diciembre, y Alex Junior Córdoba, secretario de Gobierno, tenían hasta el pasado 10 de diciembre para cumplir la orden judicial de desalojar a 238 familias que ocupan un predio, tema que se negaron a cumplir en plena época navideña.

Tras el desacato por parte de los dos funcionarios, en las últimas horas se conoció que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó emitió una orden de arresto en el cual deberán pagar tres días de cárcel en una estación de Policía o guarnición militar.

Ante el proceder por parte de las autoridades, se pronunció Felipe Maturana, alcalde del distrito, quien señaló: “respeto las instituciones y acato como Administración Distrital las decisiones del Juez Primero de Restitución de Tierras, pero no comparto que la Ley se convierta en la herramienta para seguir revictimizando a más de 200 familias que serán desalojadas de sus casas, donde han vivido los últimos años”.

Asimismo, indignado por la decisión, el alcalde Maturana en diálogo con Semana, indicó que obviamente están de acuerdo con hacer cumplir la ley, pero “no podíamos permitir que estas familias que viven en el terreno desde hace tres años quedarán en la calle para estos días de Navidad y fin de año. El juez nos acusó de apoyar a los urbanizadores ilegales, cuando no es así. Lo único que le estamos pidiendo es que nos dé el tiempo suficiente para que se les pueda garantizar sus derechos a las familias”, manifestó al medio Maturana.

Agregó, que “es un tema bastante indignante. Estamos esperando que se ordene una nueva fecha de desalojo, esperamos que sea el próximo año”, destacando que del total de las familias que residen en el lugar, más de 60 % son víctimas de desplazamiento forzado de otras zonas de Antioquia por hechos de violencia.

De acuerdo con lo informado por el diario regional, El Colombiano, los tres días de arresto impuestos para los funcionarios iniciaron desde este miércoles 15 de diciembre, a los que además deberán pagar una multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por su parte, el secretario de Gobierno Alex Junior Córdoba, manifestó que la administración cumplirá la orden judicial, pero que necesita planificar qué hará con las familias que deban ser desalojadas y que no pueden simplemente sacarlas del predio y dejarlas a la deriva.

Además, aseguró que la orden administrativa cuesta un poco más de mil millones de pesos y ese dinero no se puede suministrar en esta época del año, así mismo, explicó que la situación que están analizando es que hacer con esas personas cuando sean desalojadas, orden que van a cumplir.

“Hay unas familias que hay que restituir, lo tenemos claro y vamos a cumplir la sentencia judicial, pero nosotros también tenemos como administración distrital saber qué hacer con esas familias que están dentro del predio”, recalcó el funcionario sancionado.

SEGUIR LEYENDO