Francisco Ricaurte, exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, fue condenado a 19 años de prisión por el Juzgado 10 de Bogotá en marzo de este año, tras ser encontrado culpable por los delitos que cometió durante el escándalo del cartel de la toga.
Pero este 15 de diciembre, el Tribunal Superior de Bogotá, en un fallo de segunda instancia, redujo la pena a 16 años y 4 meses, pues hubo un acuerdo de voluntades que permitió disminuir los años que pasará tras la cárcel.
Asimismo, se negó la petición de que la condena fuera purgada en prisión domiciliaria, por lo que Ricaurte deberá seguir a la Cárcel La Picota.
Ricaurte fue encontrado culpable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente.
De examen probatorio se puede concluir que existió un acuerdo de voluntades encaminadas a manipular procesos tramitados ante la Corte Suprema y como contraprestación recibir altas sumas de dinero, mancillando de esta forma la administración de justicia, se puede leer en la sentencia.
El tribunal concluyó que el delito de tráfico de influencias de particulares ya prescribió, por lo que no podía sumarse a la sentencia total, pero aseguró que Ricaurte fue clave para cometer los otros delitos.
Era el procesado (Francisco Ricaurte) y sus compañeros de andanzas, quienes acudieron a maniobras subrepticias para aprovechar esa complejidad y lograr que se emitieran decisiones a su conveniencia.
El Tribunal Superior de Bogotá aceptó los argumentos de la Fiscalía, la cual logró demostrar de manera técnica y por testimonios que Ricaurte fue el líder de la organización criminal que recibió, en por lo menos tres oportunidades, sobornos para tergiversar investigaciones en contra de exgobernadores y congresistas.
La organización delincuencial conocía el manejo interno de los casos que se tramitaban y buscaban torcerlos, de cara a lograr lo prometido a sus clientes o por lo menos se aprovechaban de la información que tenían a su alcance para ese objetivo.
La sentencia del Tribunal enfatizó en asegurar que existieron encuentros de Ricaurte con congresistas en su propia casa, conversaciones telefónicas con personas que estaban siendo investigadas por la Sala Penal de la Corte y filtraciones de información.
Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, fue un testigo clave e importante para la decisión del tribunal, pues logró mostrar que nunca existió un interés en incriminar a Ricaurte.
De acuerdo con el tribunal, cuando una persona decide asumir las consecuencias de reprochables acciones por delitos graves y se auto incrimina, afecta no solo su situación penal, social y familiar, sino que también demuestra que busca decir la verdad.
Los delitos que encontró la Fiscalía
La Fiscalía encontró que Ricaurte cometió al menos tres cohechos a título de dolo, es decir, con pleno conocimiento, los cuales se presentaron en casos que se seguían en el despacho de Gustavo Malo Fernández. Uno en contra del excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo, quien entregó 1.200 millones de pesos para dilatar o archivar la investigación en su contra por nexos con grupos paramilitares. En ese soborno, Ricaurte se quedó con 400 millones.
En otro hecho, el exsenador Musa Besaile Fayad, supuestamente, pagó 2.000 millones de pesos para frenar una orden de captura en su contra. En esa ocasión al exmagistrado le correspondieron dos pagos por 250 y 290 millones de pesos. Un tercer evento está relacionado con un pago que, al parecer, hizo el exgobernador de Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía para presuntamente demorar un proceso por corrupción
“A Francisco Ricaurte le era exigible que su comportamiento se ajustara al ordenamiento legal y constitucional pues contaba con la ilustración y suficiente conocimiento para comprender el alcance y las consecuencias al contrariar el ordenamiento jurídico legal, por ello es susceptible de reproche penal por lo que hizo y se probó en este juicio oral”, reiteró el juez de su pronunciamiento en la pasada audiencia.
En esa ocasión, el juez dijo que, tras el exhaustivo análisis del material probatorio, se comprobó que existió una red criminal dentro de la Corte en la que se beneficiaba a servidores públicos que eran investigados por corrupción, bajo el liderazgo de Francisco Ricaurte y otros funcionarios como Luis Gustavo Moreno y el exfiscal Alfredo Betín.
“Como estrategia diseñada por la organización criminal, concierto para delinquir, con los mal llamados clientes de dicha organización bajo el manto protector de su líder doctor Francisco Javier Ricaurte o a quienes se acercarán a dicha organización criminal”, precisó el juez.
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