Una proposición radicada con el informe de conciliación del proyecto de ley anticorrupción solicita la eliminación del polémico artículo, o “mico”, calificado por todos los sectores como ‘censura a la prensa’ será sometida a estudio y votación en plenarias de Cámara y Senado los próximos 15 y 16 de diciembre.
La maniobra política fue iniciativa de los legisladores Carlos Abraham Jiménez y César Lorduy quienes suscribieron la siguiente declaración: “En consecuencia a que los suscritos conciliadores no llegamos a un acuerdo sobre los artículos 65 de Senado y 68 de Cámara de Representantes, de los textos aprobados en las plenarias, le solicitamos a las Honorables Plenarias de Senado y Cámara suprimir dichos artículos del texto conciliado”.
Lorduy, quien había sido señalado de introducir el “mico” en el articulado que generó indignación hasta en el presidente de la República, indicó, tras dar a conocer el informe de conciliación que “jamás atentaré contra la libertad de prensa”. El legislador reiteró que el artículo fue introducido en el tránsito de la iniciativa por el Senado.
Cabe señalar que el pasado 7 de diciembre fue negada en la plenaria de Cámara de Representantes la proposición que buscaba eliminar el polémico artículo 68 del proyecto de ley anticorrupción con una votación de 73 votos por el no sobre 51 votos por el sí.
El artículo 68 junto al inciso 221a titulado de “Injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos”, según el cual “el que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”.
Previo a la votación, Asomedios, FLIP y organizaciones a favor de la libertad de prensa, elevaron sus voces en rechazo a este artículo que, cuando fue aprobado mayoritariamente por la bancada de gobierno, sentó un precedente negativo para el ejercicio de la prensa y los derechos democráticos en Colombia.
Pero las reacciones no se detuvieron en ese punto. Además del presidente, la Vicepresidente y canciller, Marta Lucía Ramírez, se mostró contrariada y aseguró que el tránsito del proyecto de ley anticorrupción había vivido muchos “sinsabores” en la Corporación.
“Aquí no podemos bajar la guardia, tenemos que trabajar todos en la implementación de las políticas públicas que nos ayuden a hacer un Estado abierto. Este es el concepto que trae la OCDE y en el cual Colombia ha venido trabajando también con mucho énfasis desde que iniciamos nuestro Gobierno, en un memorando de entendimiento que trabaje con los miembros de la OCDE, porque el Estado abierto significa total apertura, total acceso a la información”, dijo la vicepresidenta el pasado 10 de diciembre.
La proposición radicada en el informe de conciliación espera que en las plenarias tanto de Senado como de Cámara sea discutida y aprobada en dos sesiones: la primera en Cámara se cumplirá este 15 de diciembre, mientras que en el Senado ocurrirá el próximo jueves 16 de diciembre.
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