El senador y precandidato presidencial Gustavo Petro le salió al paso a la supuesta indirecta que le tiró el presidente colombiano Iván Duque, quien aseguró este martes 14 de diciembre que no se deben politizar los atentados que sufrió Cúcuta donde murieron dos policías y un civil.
“Con la fuerza pública y con la Policía Nacional no se hace politiquería, no se juega, porque ellos protegen a los colombianos y pretender hacer politiquería con quienes defienden a Colombia, es la forma más vil de pretender aspirar a cualquier cargo de elección popular”, expresó el primer mandatario.
De hecho, no fue el único pronunciamiento del jefe de Estado; en ese mismo congreso empresarial, Duque le tiró varias pullas al informe que presentó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López donde se evidencia que la Policía alzó sus armas contra los civiles en las protestas de septiembre de 2020, denominadas como 9S y 10S.
Aunque en ningún lado mencionó al aspirante presidencial del Pacto Histórico, varios empresarios que asistieron al evento en Medellín, donde Duque hizo esos comentarios, dijeron que se trataba directamente de Gustavo Petro, quien responsabilizó al gobierno de los ataques terroristas de este martes en la capital nortesantandereana.
“¿Cómo se llama poner bombas en un aeropuerto? Terrorismo. Cúcuta ha quedado en manos de agrupaciones mafiosas que la están destruyendo y el Estado es incapaz de recuperarla porque el Gobierno decidió apoyar el paso de la frontera de las instituciones a las mafias”, dijo en primera instancia Petro, que se presume desató la crítica del mandatario colombiano.
Pues bien, tras las supuestas indirectas que Iván Duque le tiró, Gustavo Petro volvió a pronunciarse y lanzó otro de sus conocidos trinos, donde no solo lo recriminó por el informe en Bogotá, presentado por el exdefensor del Pueblo Carlos Negret, sino que le enrostró el “cerco diplomático” que el Gobierno propuso hace años para el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
“Con la Policía Nacional no se debe matar jóvenes pobres, señor Duque; y no se debe dejar matar a los policías por mafias a las que llamaron ‘cerco diplomático’ para que se tomaran la frontera”, aseveró el jefe de la Colombia Humana.
No fue la única crítica que se ganó el gobierno Duque sobre la brutalidad policial ocurrida desde 2019 en el país. De hecho, la Alcaldía de Bogotá y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) informaron sobre los hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2020 cuando cientos de ciudadanos salieron a protestar por la muerte del ciudadano Javier Ordoñez a manos de la Policía.
En el reporte se documentan 14 muertes donde 11 habrían sido consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de la policía, además de, al menos, 75 personas heridas por arma de fuego, 43 por arma cortopunzante, 187 por otro tipo de lesiones y las heridas provocadas a al menos a 216 miembros de la PONAL.
“Durante las jornadas de protestas del 9 y el 10 de septiembre se identificaron y documentaron por esta Relatoría siete prácticas violentas: uso ilícito de la fuerza, violencia contra la fuerza pública, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género (VBG), estigmatización de la protesta social, violencia contra bienes públicos y privados e impunidad”, se lee en el documento.
El informe causó la reacción de la Cancillería, encabezada por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, de la Policía Nacional y de otras de las altas instituciones del Estado colombiano.
“El Gobierno colombiano expresa su preocupación por su presencia en el evento mediático organizado para presentar el referido informe, dada la representación que usted ostenta. En sus declaraciones, usted parece refrendar el contenido de un documento que el Estado no conocía hasta ayer y que plantea una situación de desconfianza grave en la institucionalidad y, en particular, en la Policía Nacional”, se lee en una carta que Ramírez le envió a la ONU rechazando el informe.
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