Contrario a lo que esperaba la defensa del exsenador y exgobernador Richard Aguilar, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la acusación que hizo la Fiscalía en contra del político por un presunto caso de corrupción. Los delitos los habría cometido cuando ejercía como gobernador de Santander entre 2012 y 2015. Las acusaciones son tan graves que Aguilar tiene más de tres meses en la cárcel como medida preventiva.
La decisión de la Fiscalía se podía declarar nula porque cuando se radicó el escrito de acusación en contra de Aguilar no se realizó una nueva audiencia de imputación. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte informó que esto no es razón para echar para atrás. Además, se señaló que los derechos del exsenador no se han vulnerados, pues la indagatoria que la Sala Especial de Instrucción adelantó en su contra antes de que renunciara al Senado, sí puede asimilarse a una imputación de cargos.
También se dejó en firme que las actuaciones que la Sala de Instrucción adelantó contra Aguilar antes de que renunciara al Congreso son válidas, ya que el cambio de procedimiento no implica decretar su nulidad. Se explicó que aunque hay un cambio del sistema procesal, los principios de legalidad, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y economía procesal “exigen conservar la validez y eficacia de lo actuado previo al correspondiente cambio”.
Hay que recordar que este cambio de jurisprudencia se dio cuando Aguilar decidió renunciar a su puesto en el Senado. En ese momento la investigación en su contra, que se abrió el pasado 20 de mayo, dejó de ser competencia de la Corte Suprema para pasar a manos de la Fiscalía.
Opositores de Aguilar aseguran que su renuncia al Senado es una señal clara de que el político quiere que su proceso pase a ser revisado por la Fiscalía General de la Nación y no por la Corte Suprema, sin embargo, su abogado, Iván Cancino, ha desmentido esta afirmación.
“La gente puede pensar lo que quiera, la gente olvida la historia de este país, las cartas de renuncia dicen lo que uno busca, aquí no se habla de garantías ni de Fiscalía, se habla de la responsabilidad de una persona que está privada de la libertad y que obviamente se quiere dedicar a defender, es una responsabilidad con la causa que lo está investigando”, manifestó Cancino.
La defensa agregó que la renuncia no era necesaria porque el proceso sí debería ser llevado por la Fiscalía y no por la Corte. El argumento es que los hechos que están siendo investigados ocurrieron cuando Aguilar era gobernador de Santander y las actuaciones no tienen conexión alguna con su trabajo como senador de la República.
El abogado reconoció que no es un proceso fácil, pues Aguilar “tiene 9 fundamentos fácticos de imputación”. Así mismo, dice no estar de acuerdo con la decisión de imputar medida de aseguramiento contra el excongresista, pues, según él, no era necesario.
“Lo que yo no comparto es en una privación de la libertad porque es un hecho de cuando él era gobernador, han pasado más de seis años no hay urgencia de la medida, él no tiene poder de contratar y por eso interpuse el recuso de reposición para decirle a la Corte que la medida de privación de la libertad en establecimiento penitenciario es equivocada”, manifestó.
Las autoridades están investigando a Aguilar porque presuntamente direccionó más de cinco contratos avaluados en alrededor de 400 millones de pesos de forma ilegal. Estos convenios hacían parte del proyecto del corredor vial San Gil - Charalá, las obras adelantadas para el tercer carril entre Bucaramanga y Floridablanca y un contrato para adelantar obras en el Estadio de la Villa Olímpica de Bucaramanga. Además, habría utilizado de forma incorrecta dineros del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
SEGUIR LEYENDO: