Cancillería protestó contra las Naciones Unidas por su participación en la difusión del informe sobre la actuación de la Policía en las protestas de Bogotá

A través de una carta firmada por Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta del país y ministra de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, se manifestó la inconformidad que tiene esa entidad gubernamental con Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, respecto al informe que se presentó y que evidenció el supuesto exceso de fuerza usado por las autoridades, en contra de la ciudadanía, en medio de las protestas que se vivieron el 9 y 10 de septiembre de 2020.

Fue la muerte violenta del abogado Javier Ordóñez, durante esos días, a manos de uniformados de la Policía Nacional, lo que generó la furia masiva dentro de la comunidad bogotana que, a modo de protesta, salió a las calles para manifestarse. Durante estas movilizaciones, otras personas resultaron heridas y otras también murieron, al igual que Ordóñez, por el accionar de esa fuerza pública, según denuncias de testigos.

“Las víctimas de los hechos del 9 y 10 de septiembre de 2020 tienen derecho a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. A eso contribuye la Relatoría 9S independiente que recibimos ayer y que nos ayuda a construir memoria y evitar que lo que sucedió se repita”, comentó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al respecto.

Desde la Cancillería, como se lee en la misiva que se hizo pública, fechada de hoy, 14 de diciembre, se cuestiona el informe pues, según lo firmado por Ramírez, esto desacredita y disminuye la confianza hacia la autoridad. “El Gobierno colombiano expresa su preocupación por su presencia en el evento mediático organizado para presentar el referido informe, dada la representación que usted ostenta. En sus declaraciones, usted parece refrendar el contenido de un documento que el Estado no conocía hasta ayer y que plantea una situación de desconfianza grave en la institucionalidad y, en particular, en la Policía Nacional”, se lee en el documento.

En la carta se argumenta que el evento adelantado genera efectos desafortunados y que el país es consciente de sus desafíos y no niega sus dificultades. “El Estado insta a la Oficina de la Alta Comisionada privilegiar el diálogo constructivo y la comunicación, en el marco de los procedimientos ya establecidos. Lo contrario significaría un activismo ajeno a sus funciones y a la alta responsabilidad y confianza que representa la presencia en Colombia de todo el sistema de las Naciones Unidas”, se redactó.

La vicepresidenta reiteró que, para el momento, las autoridades se encuentran investigando, tanto penal como disciplinariamente, los hechos que terminaron con la vida de las personas durante las jornadas de protesta y que, desde el Gobierno nacional, se lamenta el fallecimiento de todas y cada una de ellas.

“El Estado espera que las actividades de la Oficina contribuyan a fomentar un clima de confianza, corroborando todas las informaciones con fuentes oficiales, en aplicación de los principios de imparcialidad, objetividad, independencia y transparencia que deben regir todas sus actuaciones”, agregó.

En la carta se calificó las jornadas violentas de septiembre como ‘difíciles’ y enfatizó en que todas las alegaciones en contra del actuar de la policía han sido atendidas con la mayor seriedad y rigurosidad.

“La República de Colombia refrenda su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos en el territorio nacional, sus instituciones no ahorrarán esfuerzo alguno para que todas las investigaciones conduzcan a castigar ejemplarmente a los responsables de cualquier abuso de autoridad”, añadió la canciller para luego pedirle un acompañamiento constructivo, imparcial y objetivo a la Oficina.

En la cuenta de Twitter de la Cancillería, además, se señaló que, de acuerdo con la ONU, el reporte presentado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no es un informe oficial del organismo, por lo que será verificado. “El Gobierno revisará su contenido y como lo ha dicho el presidente Iván Duque, la justicia debe tomar acción ante los responsables de cualquier muerte dolosa o cualquier violación de los DD.HH”, dice el trino.

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