“Cali, Valledupar y Bogotá, son los centros transitorios más inhumanos del país”: Defensoría

La entidad entregó el balance de los centros de detención transitoria en el país en el que identificó graves vulneraciones a las personas privadas de la libertad en todo el territorio nacional

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Defensoría solicitó medidas urgentes para hacerle frente al hacinamiento que se presenta en centros de detención transitoria en Bogotá. Foto: Defensoría
Defensoría solicitó medidas urgentes para hacerle frente al hacinamiento que se presenta en centros de detención transitoria en Bogotá. Foto: Defensoría

Este martes 14 de diciembre, la Defensoría del Pueblo presentó el balance nacional sobre la situación de los centros de detención en Colombia en el que se evidenciaron graves deficiencias en la atención de las personas privadas de la libertad en Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía en todo el país.

Así lo confirmó el defensor del pueblo, Carlos Camargo, con relación a las más de 50 visitas que adelantó la entidad en diferentes centros de detención en el territorio nacional, advirtiendo que la situación más grave se presenta en Bogotá, Cali y Valledupar, algunas de las capitales con mayor hacinamiento y en las que se presenta la mayor vulneración de los derechos de los reclusos.

Corroboramos que la estación de Policía de Maicao está a la cabeza de los centros de detención transitoria más inhumanos, ya que se vulneran de manera grave la dignidad humana y los derechos de los privados de la libertad. Allí, aunque la capacidad es para 30 personas, al momento de la visita se evidenció que estaban recluidas 262 personas (un hacinamiento del 773%), quienes deben pernoctar en los baños, los cuales producen olores nauseabundos, o en hamacas unos encima de otros”, denunció el defensor.

Asimismo, advirtió que en algunas Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía en el país se pudo establecer que con relación a alimentación de los detenidos no se cumplen los estándares de calidad y cantidad por parte de las empresas contratadas por la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec).

A su vez, se identificó que gran parte de los centros transitorios no cuenta con el mantenimiento adecuado en las áreas donde se producen los alimentos para los reclusos y carecen de espacios adecuados para el consumo de la comida, asimismo se pudo establecer que los departamentos de Sucre, Bolívar, Valle del Cauca, Chocó, Amazonas y Meta existe una continua interrupción del suministro de agua y la falta de mantenimiento en las plantas de tratamiento de las aguas residuales.

El hacinamiento sigue siendo el problema más grave, pues se traduce en ausencia de espacios para dormir, consumir alimentos y desarrollar cualquier tipo de actividad, sin contar que propicia la propagación de epidemias”, aseguró Carlos Camargo, quien señaló que los reclusos tienen dificultades para acceder a una oferta judicial y no pueden ejercer actividades de resocialización.

De igual forma, la entidad realizó un listado de los centros de detención transitoria más hacinados en el país dentro de los que se encuentran la estación Fray Damián - San Nicolás en Cali con el 3.220 %, debido a que actualmente se encuentran 498 privados de la libertad, a pesar de su capacidad para 15 personas.

Le siguen la estación de Candelaria en Valledupar en donde existe un hacinamiento del 1.396 %; Puente Aranda en Bogotá (889 %), Maicao (773 %), Itagüí (653 %), Ibagué en el centro de detención transitoria Permanente Central (620 %), Santander de Quilichao en Cauca (570 %), la Estación de Policía Caribe Norte en Cartagena (530 %), la Sijín de Valledupar (374 %) y Santa Marta (372 %).

“En el territorio pudimos constatar que, tras la pandemia, los establecimientos penitenciarios y carcelarios están restringiendo el ingreso de personas condenadas y esto agrava la situación de los centros de detención transitoria que son espacios diseñados para permanecer máximo 36 horas y donde permanecen incluso hasta dos años”, finalizó el defensor del Pueblo.

Por último, la entidad indicó que en todo el territorio nacional se evidenció la vulneración del derecho a la salud, debido a que actualmente no se están realizando entregas de medicamentos y existe un retraso en la asignación y cumplimiento de las citas.

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