Exdefensor del pueblo asegura que la Policía cometío una masacre en Bogotá

Debido a los fuertes enfrentamientos que se presentaron el 9 de septiembre de 2020 cuando cientos de ciudadanos salieron a protestar por la muerte del ciudadano Javier Ordoñez a manos de la Policía, la Alcaldía de Bogotá solicitó que se realizara una investigación independiente para determinar la responsabilidad de la Policía en las muertes de 11 protestantes que murieron esa noche en Bogotá.

De esta investigación académica y extrajudicial participó el exdefensor del Pueblo Carlos Negret quien lideró el estudio de las pruebas juntos a siete investigadores, contratados a través del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), el resultado del informe deja ver que lo que ocurrió esa noche fue una “masacre” contra los ciudadanos que salieron a protestar.

La Relatoría documentó las muertes de 14 personas en este contexto de violencia, incluido el caso de Javier Ordóñez, por quien se inició la manifestación. De las 14 víctimas mortales, 11 habrían sido como consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de las autoridades.

La información del informe también muestra que esa noche ocurrieron otros dos asesinatos como resultado de intervenciones de personas vestidas de civil quienes accionaron armas de fuego en contra de manifestantes y terceros. Uno de ellos, el de Cristian Alberto Rodríguez Cano, hasta la fecha no ha sido reconocido por las autoridades como parte de los casos ocurridos en el marco de las manifestaciones del 9S.

Dichas prácticas explican, además de los 14 asesinatos, las lesiones de al menos 75 personas por arma de fuego, 43 por arma cortopunzante, 187 por otro tipo de lesiones y las heridas provocadas a al menos a 216 miembros de la PONAL. Asimismo, dan cuenta de los daños provocados a 78 buses del componente troncal, 51 buses del componente zonal (cinco incinerados) y 76 CAI (17 de ellos incendiados y destruidos).

Conclusiones del informe:

1. El 9 y el 10 de septiembre ocurrió un número indeterminado de detenciones arbitrarias, las cuales estuvieron condicionadas por la no disponibilidad de un Centro de Traslado por Protección en la ciudad de Bogotá durante los días 8, 9, 10 y 11 de septiembre del año 2020. La Relatoría encontró que existen diferencias relevantes entre los registros oficiales y las denuncias realizadas sobre situaciones que pueden constituir detenciones arbitrarias, lo cual sugiere que un número significativo de actuaciones policiales durante las jornadas del 9S no fueron realizadas en el marco de las garantías procesales previstas por la ley.

2. La Relatoría documentó cuatro casos de detenciones arbitrarias de los que sobresalen conductas de altísima gravedad que podrían ser representativas de lo ocurrido. Entre ellas se cuentan torturas; tratos crueles, inhumanos o degradantes; violación a la presunción de inocencia a través de falsas acusaciones y estigmatizaciones; privación de atención médica a los detenidos; hurto y/o pérdida de celulares de las personas detenidas; realización de detenciones masivas, colectivas o indiscriminadas en contextos de protesta social, entre otras.

3. De acuerdo con lo documentado por la Relatoría, en el marco de las jornadas de protesta del 9 y el 10 de septiembre hay serias denuncias sobre la ocurrencia de casos de VBG. Ellas no son hechas ni pública ni privadamente por temor a represalias, prejuicios y desconfianza con las autoridades públicas; sin embargo, son puestas en conocimiento de organizaciones que realizan acompañamiento. Resulta de especial preocupación que uno de los pocos casos denunciados haya sido puesto en conocimiento de la Justicia Penal

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