Esta semana se encendieron las alarmas respecto al supuesto anuncio de un paro armado en el Tambo, en el Cauca. Fue a través de una carta, firmada por el frente Diomer Cortez de las FARC-EP, Segunda Marquetalia, y por el frente de Guerra José María Becerra, del ELN, con la que se anunciaron acciones en contra de la violencia que ha venido perpetrando el grupo armado paramilitar Carlos Patiño, perteneciente al comando coordinador del occidente. Según la misiva, ese segundo grupo mencionado se ha ‘ensañado’ con los residentes de esa población, por lo que ambos frentes decidieron declarar un paro armado indefinido.
La carta, que fui difundida a través de redes sociales, advierte a los residentes y comerciantes de los pueblos Playa Rica, Huisito, La Paloma, Las Palomas, Pandiguando y Honduras, a no transitar desde las 00 horas del día 6 de diciembre. Según la amenaza descrita en el documento, si encuentran motos o carros circulando en horas no permitidas por ellos, optarán por prenderles fuego. “Reiteramos nuestro compromiso de lucha en la defensa del pueblo colombiano de estos grupos paramilitares de las políticas nefastas de este gobierno corrupto”, se lee en la conclusión de la carta.
En una entrevista con la W Radio, Camilo González, presidente de Indepaz, aseguró que lo que se vive en esa zona es preocupante. “Se han estado alternando entre el grupo ‘Carlos Patiño’, la ‘Segunda Marquetalia’ y el ELN para hacer demostración de fuerza, de control, de posicionamiento, en el territorio (...) las comunidades están reclamando que se respeten las normas humanitarias, que no se agreda a la comunidad civil (…) la presencia de la fuerza púbica tampoco tiene una claridad que la población civil es víctima”, detalló.
De acuerdo con lo que expuso en esa emisora, todo esto se trata de una disputa territorial que involucra el negocio que mantiene en pie a estas organizaciones armadas: el narcotráfico. González comentó que en el año 2021 han aumentado, de manera ‘impresionante’, los cultivos de hoja de coca. El acuerdo de paz, en esa zona, comentó el funcionario, ha estado ‘fallando’. En lo que va del año, se han presentado, según recordó en la entrevista, 15 eventos de desplazamiento forzado.
“El resultado efectivo es un daño a la gente, hay atentados, bloqueos, incendio de carro tanques, amenazas y la afectada es la población inerme que está atrapada (...) La población está exigiendo garantías están intentando movilizarse, pero con un fusil en la nuca es muy difícil, bajo esas condiciones la gente no puede expresarse libremente”, puntualizó.
En la carta firmada por los dos frentes declarantes del paro armado indefinido, se recordaron situaciones específicas por las cuales, supuestamente, estarían tomando la determinación que, entonces, tendría confinada a la comunidad que, por miedo a represarías en su contra, se mantienen encerrados en sus hogares. El 2 de diciembre, según argumentaron, el grupo paramilitar Carlos Patiño habría incinerado dos carros que transportaban gasolina en la vía que conecta a los municipios de Balboa y Argelia.
Días antes, el 28 de noviembre, en el norte del Cauca, el grupo armado Jaime Martínez, también perteneciente al comando coordinador del occidente, secuestro a tres jóvenes residentes de la zona rural del municipio de Buenos Aires. Esa misma estructura, comentaron los dos frentes en el comunicado, es acusada de secuestrar y desaparecer a dos líderes sociales del río Yurumangui Naya. “Cada día quedan al descubierto demostrando, con sus hechos, que su política no es la defensa de las comunidades y sus territorios (...) su política se basa en el cobro de impuestos del narcotráfico para beneficios particulares”, se lee en el comunicado.
De acuerdo con lo informado por medios de comunicación como El País, con base en lo dicho por los pobladores, ya habrían iniciado las acciones violentas que prometieron en la carta. “A eso de las 3:30 de la tarde, varios sujetos armados salieron a la vía, por el sector conocido como Cruce San Alfonso, para obligar a los conductores a detenerse, después los intimidaron para que descendieran de los automotores y procedieron luego a prenderles candela”, relataron habitantes de la zona a ese diario.
Ese mismo portal confirmó que comunidades indígenas, estudiantes, sindicalistas y campesinos llegarán a la ciudad de Cali, el próximo 10 de diciembre, para llevar a cabo una movilización en contra de lo que está sucediendo.
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