Reducción de 30% de la población afrocolombiana en censo de 2018 será estudiada por la Corte Constitucional

En el año 2018, el censo poblacional realizado por el Dane cometió un ‘grave error’ que organizaciones sociales y afrodescendientes, a través de una tutela, han pedido que se solucione. Y es que en las cifras de ese año redujeron en un 30% a la población afro del país.

El caso que ha representado una lucha jurídica de las poblaciones afrocolombianas y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) llegó en las últimas horas hasta la Corte Constitucional. Se espera que próximamente el tribunal se pronuncie sobre este caso, en el que los denunciantes acusan al Dane y a la Presidencia de la República de una presunta vulneración de los derechos a la igualdad y a la no discriminación de la población afrocolombiana.

La magistrada Cristina Pardo será la encargada de la ponencia en este caso, el cual ha sido calificado como un ‘genocidio estadístico’ por los afrodescendientes del país.

Los hechos

De acuerdo con los datos del Dane, en el censo del año 2018, en el país solo 2.982.224 personas se reconocen como afrodescendientes, cifra que fue sorpresiva para las organizaciones afro, según señaló desde entonces la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas.

El reclamo que desde ese momento emprendieron las organizaciones sociales afrocolombianas es que los datos mostraban una clara diferencia comparados con los datos del censo del 2005, cuando se contabilizaron 4.311.757 afros.

“Estas cifras no nos representan ni las aceptamos, y son resultado de una institucionalidad que hizo caso omiso a las constantes alertas realizadas por las organizaciones étnicas afrodescendientes e indígenas”, señalaron desde la CNOA en 2018, según citó El Tiempo.

En ese mismo diario recogieron la historia de Elda Alomía, una mujer afrocolombiana de Buenaventura que les contó que los encuestadores en ningún momento le hicieron la pregunta obligatoria de autorreconocimiento étnico, la cual permite que los colombianos señalen si hacen parte de la población afro, indígena, raizal o Rrom existente en el país y, entonces, identificar cuánta población de cada una hay en el territorio nacional.

Desde la CNOA señalaron que este tipo de irregularidades en el censo de ese año impidieron “una verdadera transformación de las comunidades étnicas y por ende ratifican el racismo estructural que afecta a la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera”.

Lo peor es que desde el mismo Dane se reconocieron las irregularidades. El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, informó que los datos que evidencian una reducción de la población afrodescendiente se deberían a que hubo una omisión censal “importante”, así como fallas a la hora de hacer la pregunta, suposiciones del censista y casos en contextos urbanos de personas que no quisieron ejercer su derecho de autorreconocimiento. El Tiempo conoció un documento de la entidad en el que hablaban de la “dificultad para cubrir algunas zonas urbanas y rurales por temas de seguridad o por negativa de los residentes censados”.

Según El Espectador, el Dane, después de reconocer las fallas en la recolección de información “cruzó datos de otras fuentes y estableció que en Colombia la población afro oficialmente es de 4,6 millones de habitantes, es decir, el 9,34 % de la población del país”.

Desde entonces inició una lucha jurídica con una tutela que, en noviembre 2020, fue aceptada por la Sección Segunda del Juzgado 21 Administrativo del Circuito de Bogotá. La tutela contra el Dane y el Estado fue presentada por Ilex Acción Jurídica con apoyo de la CNOA, la Asociación Colombiana de Economistas Negras: Mano Cambiada, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc) y el Proceso de Comunidades Negras (PCN -Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros).

El reclamo de las organizaciones, a pesar de los reconocimientos del Dane, es que incluso conociendo los errores estadísticos en el censo del 2018, la entidad decidió presentar de manera oficial los datos y el Gobierno nacional hizo uso de ellos para la elaboración de políticas públicas, sin tener en cuenta el subregistro.

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