Por primera vez los colombianos entre 14 y 28 años votaron por el Consejo de Juventudes, un mecanismo de inclusión de las agendas de los jóvenes con las respectivas autoridades políticas y administrativas. Es la primera vez que se implementará esta figura en cada municipio del país, por lo que el presidente Iván Duque pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA), apoyo y asesoría en la implementación de los mismos.
“¿Qué quisiéramos? Con la labor que adelanta la MAPP/OEA (Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia), y dado que, como de parte de su labor es construir paz y ayudar a forjar estas instancias de democracia, quisiéramos empezar a crear un equipo de voluntarios, facilitadores en el territorio con la OEA. Quisiéramos que nos ayuden a organizar todo el proceso de deliberación, de funcionamiento, de aporte, de garantías”, dijo el presidente este 5 de diciembre.
Duque sustenta la petición en que la OEA es el “organismo protector, defensor y garante de la carta democrática interamericana” y por eso debe acompañar el proceso. Además, asegura que la MAPP/OEA, al estar desplegada de manera permanente a través de 18 oficinas regionales, principalmente en las áreas rurales y aisladas del país, son un aliado esencial en esta implementación.
Es de mencionar que la petición fue escuchada directamente por Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien participó del conversatorio Juventud: poder de la transformación, realizado en el marco de los comicios electorales. El funcionario regional respondió afirmativamente a la solicitud y dijo que el organismo quiere acompañar a los jóvenes y al espacio de participación activa democrática que se abre con la elección de los consejos.
“Ustedes tienen la posibilidad hoy de construir algo muy fuerte y queremos acompañarlos. Porque la carta democrática habla de los espacios de participación política, pero habla también de asegurar cada derecho a cada persona y asegurar más derechos a más personas, porque tenemos que tener una construcción cada vez de más derechos”, explicó Almagro.
Según Almagro y Duque, ambos están planteando un protocolo adicional a la convención interamericana sobre los derechos humanos digitales. Asegura que esto es fundamental para cerrar brechas, abrir espacios, y asimilar a la juventud en cualquier punto del territorio y en cualquier fase de su vida.
Además de la implementación de los Consejos de Juventudes, a lo largo de la jornada los civiles y organizaciones en pro de la democracia se han pronunciado acerca de la importancia de hacer pedagogía acerca de este mecanismo. La afirmación se hizo al ver la baja participación en estas elecciones.
De acuerdo con la Registraduría General de la Nación, hay en total 12.282.273 jóvenes con capacidad para participar de los comicios, pero solo votaron 1.279.452, es decir el 10, 41 % del total.
Estas cifras preocupan, pues la inversión total fue de $160.000 millones, un gasto enorme en medio de una crisis económica y la pandemia del covid-19.
A parte de la baja participación se puede ver cómo estas elecciones estuvieron marcadas por una falta de pedagogía a la hora de votar, pues según las cifras se dieron 23 % de votos nulos, que según la MOE suelen estar entre el 6 % y el 7 % en las elecciones de Congreso y 2 % para el Consejos municipales.
“Este resultado invita a la organización electoral a revisar el diseño de la tarjeta electoral y fortalecer los procesos de pedagogía”, sentenció el organismo en el último informe presentado.
Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil aseguró que se trataron de 291.345 votos nulos y 7.409 boletas de votación no marcadas.
Por otra parte, la MOE recibió un total de 74 reportes sobre posibles irregularidades electorales provenientes de 27 municipios, de 14 Departamentos y Bogotá, a saber: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Caquetá, Cesar, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.
El 40% de la información reportada sobre irregularidades frente a las autoridades electorales hace referencia al desconocimiento en la aplicación de la Resolución 15881 por parte de las autoridades del puesto de votación. Lo que, en algunos casos, impidió que los menores de edad ejercieran su derecho al voto, o que se presentaran confusiones y dudas en el cumplimiento de lo establecido en la mencionada resolución.
La MOE también asegura que la segunda razón de denuncias se dio por “posibles afectaciones a la libertad del voto dada por presuntos constreñimientos, compra de votos, suplantación y engaños a los votantes para dirigir su voto”.
Otro caso que manchó la polémica jornada tiene que ver con la entrega de propaganda electoral en los puestos de votación y el uso de distintivos alusivos a campañas de organizaciones políticas.
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