Contraloría y Gobernación de Antioquia son declaradas víctimas en el proceso contra Sergio Fajardo

En la mañana de este lunes 6 de diciembre se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el precandidato presidencial Sergio Fajardo. Durante la diligencia, la Contraloría General solicitó ante la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia ser reconocida como víctima dentro de este proceso; petición que fue aceptada.

De igual manera, el alto tribunal acreditó la solicitud de la Gobernación de Antioquia como afectada mientras avanza el juicio contra el exgobernador por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación -administración irregular de recursos públicos- y celebración de contratos sin los requisitos legales pertinentes, generando así un detrimento patrimonial durante el periodo 2012-2015, cuando fue el máximo mandatario departamental.

Durante dicha diligencia, solicitada por el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, la magistrada Blanca Barreto, quien lleva este caso, argumentó que la función de la Contraloría es proteger y ejercer control sobre los bienes estatales, así como tener “la facultad de intervenir en procesos por delitos contra la administración pública”.

Asimismo, indicó que la seccional de Antioquia del organismo de control posee registros de la deuda adjudicada, así como la auditoría hecha a la misma, dándole legitimidad y permitiendo que sean analizadas fiscalmente.

Por su parte, Mauricio Pava, abogado de Fajardo, no se opuso a la solicitud de la Contraloría para ser reconocida como víctima; sin embargo, reiteró que esta misma entidad hizo un registro de la deuda por la cual se acusa a su apoderado.

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación indicó que el proceso contra el precandidato de la Coalición Centro-Esperanza tiene origen en un acuerdo de empréstito -préstamo que un particular o entidad financiera le otorga al Estado- entre la Gobernación de Antioquia y el banco Corpbanca.

De acuerdo con la acusación, dicho negocio ocasionó un detrimento de recursos por cerca de 98 millones de dólares aún cuando el acuerdo fue cerrado en 77 millones de dólares.

Sobre esto, el mismo Fajardo se ha declarado inocente; incluso, ha cuestionado un argumento de la Fiscalía donde expresa que al momento de hacer el desembolso de la entidad bancaria a la gobernación, en 2013, el dólar se cotizaba en $1.926 pesos colombianos, y que para 2015, este ya superaba los $3.140.

“Adivinar la volatilidad del precio del dólar es imposible y en 2013, que firmé el contrato por el que se me acusa, cumplí con todos los requisitos de ley”, manifestó en su momento el exmandatario.

Además, y según la misma acusación, el ente de control fiscal cuestiona a Fajardo Valderrama y su administración por una deuda que tenía con Corpbanca antes de firmar el contrato de empréstito. Por otro lado, el contrato tenía como función pagar deudas que tenía la Gobernación con tres bancos: BBVA, por un valor de $82.075 millones de pesos; Bancolombia, por $99.450 millones y la última, precisamente con Corpbanca por la suma de $2.971 millones de pesos, contemplando que tanto el pago de los intereses como el desembolso mismo se realizarían en moneda nacional, a la tasa de cambio de dólares, generando así el agravio contra el patrimonio público generando como consecuencia el pago por parte de la gobernación, de la diferencia equivalente al aumento del precio del dólar desde 2012 hasta 2015 -$1.214-.

Finalmente, el reconocimiento como víctimas tanto de la Contraloría como a la Gobernación de Antioquia les permite estar en la audiencia, así como hacer preguntas a los testigos del caso y enviar sus conceptos ante los alegatos de conclusión.

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