Eva Katherine Carrascal Cantillo, ex superintendente delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia de Salud, fue condenada por haber recibido sobornos para beneficiar a entidades prestadoras de salud en su labor de vigilancia y control.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Bogotá revocó una primera instancia y avaló un preacuerdo de Carrascal con el ente acusador, para aceptar los delitos imputados. “La exfuncionaria, de manera libre y voluntaria, aceptó los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho impropio, prevaricato por omisión, utilización indebida de información oficial privilegiada, falsedad en documento privado y asesoramiento, entre otros”, informó la entidad.
La condena emitida corresponde a 6 años y 8 meses de prisión e inhabilidad para ocupar cargos públicos. Así mismo, el juez determinó que deberá cancelar una multa de 400′000.000 y reintegrar 433′000.000 que corresponden a la suma que recibió en sobornos para alterar la labor de la Superintendencia en beneficio de terceros.
De acuerdo con la Dirección Especializada contra la Corrupción, Carrascal Cantillo trabajó para representantes de Empresas Prestadoras de Salud EPS y funcionarios de Institutos Prestadores de Salud para favorecerlos en las supervisiones.
Según el fallo de primera instancia de la Procuraduría en contra de Carrascal Cantillo emitido en 2020, la funcionaria, que se desempeñó como superintendente del 7 de abril de 2015 al 23 de enero de 2018, recibió dinero a cambio de agilizar los trámites para los pagos de cuentas médicas de la IPS que prestaban sus servicios a EPS.
El ente de control señaló que las IPS Aser Salud, Clinical Corporation y G3, le compraron a Carrascal un apartamento de 1.440 millones en el condominio Bosque Residencial La Reserva en Bogotá, a cambio de sus servicios. Además, la exfuncionaria no pudo justificar un aumento de su patrimonio por 145′391.060, que no eran salario y que recibía en consignaciones.
La Procuraduría señaló que “los actos de corrupción en que incurrió la investigada destrozaron la sujeción que tenía con la ley como fundamento, límite y legitimidad de su actuación, y socavó los cimientos que orientan la función pública y el interés general que debe perseguirse por todo servidor público en desarrollo de la misma”. Además, fue inhabilitada por 20 años por el ente de control para ejercer cargos públicos, que se suma a la actual codena.
“La evidencia indica que Guillermo Grosso Sandoval, expresidente de la liquidada Cafesalud EPS, y otras personas realizaron transferencias bancarias, entregaron cheques y dinero en efectivo a la exfuncionaria para que los favoreciera”, señaló la Fiscalía.
En medio de la investigación, también se logró establecer que Eva Katherine Carrascal utilizó su cargo para acceder a información financiera reservada y para brindar asesorías a distintas entidades del sector de salud en Boyacá, Cauca, Casanare y La Guajira; y a una asociación indígena en Sucre y Córdoba.
De acuerdo con el diario El Espectador, uno de los casos en los que la exsuperintendente recibió sobornos fue a favor de Asmet Salud EPS, de Adolfo Aguilar, quien en 2017 le habría pedido ayuda para aprobar el programa de reestructuración de la empresa.
Carrascal lo habría ayudado a aprobarlo de manera ilegal por lo que recibió 300 millones, en dos entregas, entre 2017 y 2018, cuando la Superintendencia de Salud aprobó el proyecto. Por lo que utilizó su cargo para aumentar su patrimonio a cambio de involucrar las funciones de vigilancia y control. Que se suman a la otra investigación que se sigue en su contra.
El ente investigador evaluó documentos y pruebas, entre los que se encontraban los chats que prueban sus actuaciones ilícitas. Aunque en un principio no aceptó los cargos, tras el acuerdo con la Fiscalía pudo ser condenada.
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