Indígenas situados en el Parque Nacional deberán permitir el ingreso del ICBF por orden de un juez

Este viernes 3 de diciembre se conoció el fallo de una tutela por parte del juez 14 civil de Bogotá en el que ordena que las autoridades que permanecen en el Parque Nacional deben garantizar que los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atiendan correctamente a los menores que se encuentran en el lugar.

Además, el juez tuteló los derechos de los menores para que puedan permanecer en esta zona junto con las madres gestantes, también las madres lactantes que se encuentran en diferentes condiciones de salubridad y alimentación.

“Ordenar a Edgar Morales, gobernador del pueblo pijao; Leonivar Campo, líder; María Medina, lideresa; Humberto Figueroa, gobernador koreguaje; Camilo Valencia, coordinador del pueblo emberá dodiba; líder Yunema del pueblo cubeo; y la guardia indígena, que en modo inmediato, faciliten y permitan el ingreso de personal adscrito al ICBF”, argumentó el juez en la decisión.

La decisión ordena que se permita el ingreso de funcionarios del ICBF al Parque Nacional en compañía de la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y la Defensoría del Pueblo.

“Ordenar a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional de Colombia y la Defensoría del Pueblo, que en un acto de colaboración interinstitucional y en el marco irrestricto de sus funciones constitucionales y legales, brinden todo el apoyo y seguridad a los integrantes del ICBF para que logren dar cumplimiento a las órdenes emitidas en el numeral precedente”, señala el texto.

El ICBF había alertado sobre la condición de los menores situados en el parque. El pasado 30 de noviembre, la entidad adelantó el trabajo de focalización y valoración nutricional a 91 niñas y niños menores de dos años, 14 de los cuales fueron remitidos al sector salud, después de concertar con los líderes de las comunidades indígenas.

Durante la primera jornada más de 30 profesionales en las áreas de psicología, trabajo social, nutricionistas, integrantes de Defensoría de Familia y Equipos Móviles de Protección Integral (EMPI), iniciaron la categorización de las familias y sus niños para que sean incluidos de forma preferente en los programas del ICBF.

Igualmente, realizó la valoración nutricional a 32 madres en período de lactancia y a otras 18 que se encuentran en diferentes momentos de su proceso de gestación. Para fortalecer la dieta alimenticia de la población focalizada, la regional Bogotá del ICBF entregó a los núcleos familiares 126 unidades de Bienestarina en polvo priorizada para la población de mayor vulnerabilidad, especialmente los niños y niñas en estado inicial de crecimiento.

En los últimos días empezó el traslado de una parte de los indígenas desde el Parque Nacional hacia la UPI La Florida. Allí recibirán alimentación, atención en salud, recreación y educación para sus hijos. Mientras que 127 familias que estaban en la UPI de la Florida volverán a Pueblo Rico y Dokabú en Risaralda.

Durante las últimas semanas se intensificaron los diálogos entre la institucionalidad y los líderes de esta comunidad para concretar la vuelta a los territorios ancestrales. Mientras que el distrito se encargó del traslado de los enseres (el 30 de noviembre), de conseguir los buses para el viaje de los indígenas y de garantizar las condiciones de bioseguridad, además de la alimentación, el Gobierno nacional logró generar las condiciones mínimas para este retorno y la sostenibilidad del mismo.

“Se trabajó arduamente con todas las instituciones para definir unas rutas y estrategias para el retorno de la comunidad Embera, que se encuentra en situación de desplazamiento en Bogotá, hacia sus territorios ancestrales. El Gobierno nacional garantizará las condiciones de seguridad. Esto es una prueba del compromiso de Bogotá para con las víctimas que han tenido que desplazarse por la violencia”, dijo Vladimir Rodríguez, alto consejero de Paz, Víctimas y Reconciliación.

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