Procuraduría y Anla piden reunión para revisar el caso Hidroituango

Ante la incertidumbre y riesgos relacionados a la terminación de la construcción de Hidroituango, la Procuraduría General de la Nación y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) solicitaron una reunión urgente para evaluar el caso. El encuentro sería entre las entidades y el Puesto de Mando Unificado (PMU) de la hidroeléctrica para conocer el estado del proyecto y las decisiones que se tomarán sobre el futuro de este.

En la carta enviada por la Procuraduría al PMU se argumenta que la reunión será para abordar “la incertidumbre sobre la continuidad de los contratistas y los planes para asegurar la terminación de las obras en el menor tiempo posible” que tiene el órgano de control. El objetivo es conocer las medidas que se estén tomando para contener el riesgo existente con el vertedero de la presa, que desde febrero de 2019 está recibiendo las 24 horas del día el caudal del río Cauca.

Por otra parte, la Anla argumenta en su carta que pidió la reunión para tener conocimiento de cómo avanza el proyecto, sobre todo en materia de manejo del riesgo.

Es importante mencionar que tanto la Anla como la Procuraduría mencionaron en sus comunicaciones que están preocupadas por las implicaciones que tendría el fallo de segunda instancia emitido por la Contraloría General de Nación a finales de noviembre, en el que señala a varias empresas y unas 26 personas como responsables fiscales de los problemas de la hidroeléctrica. Se explicó que dentro del proyecto hubo varios hechos “que contribuyeron a poner en una situación de vulnerabilidad la iniciativa y que finalmente desencadenaron en la contingencia de 2018″.

Todo esto se debió, según el ente de control, a una “aceleración” en la que se tomaron medidas apresuradas cuando se dio el fallo en uno de los túneles de desviación y que derivó a lo que conoció Colombia cuando se desvió el agua por la casa de máquinas, destruyendo todo a su paso dentro de la instalación.

En el documento se señaló como responsables de ese detrimento fiscal a actores importantes dentro de la administración antioqueña de 2008 a 2015. En la lista está el precandidato presidencial Sergio Fajardo, vinculado porque fue el mandatario departamental entre 2012 y 2015.

Junto a él también están señalados quien fue el gobernador de 2008 a 2011, Luis Alfredo Ramos Botero, y el exalcalde de Medellín por ese mismo periodo Fabio Alonso Salazar Jaramillo. Así mismo, están vinculados los exgerentes de EPM Federico Restrepo Posada (2008-2011) y Juan Esteban Calle Restrepo (2012-2015) y miembros de la junta directiva de ese tiempo. Quienes figuran en la lista tendrían que responder por $4,3 billones.

Se espera que las entidades que conforman el Puesto de Mando Unificado de Hidroituango le den una respuesta a la Procuraduría y a la Anla para revisar la situación. Por el momento no hay una fecha para realizar el encuentro.

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