En su diálogo con la Comisión de la Verdad, la excandidata presidencial Piedad Córdoba criticó con vehemencia el sistema político en Colombia y dijo que, cuando fue inhabilitada para ejercer cargos públicos, tuvo hasta que vender empanadas para subsistir.
Ante el padre Francisco de Roux, director de ese organismo de paz, Córdoba dijo que se fue hasta Canadá y allá comercializó esos productos comestibles. Además, le pidió al cura que la reconozca como víctima de lo que llamó el régimen de la política en su país.
“No pido compasión, sino reparación; vengo a pedir democracia”, expresó la también exsenadora, donde dijo que cuidó niños, desarrolló trastornos de salud mental y comercializó empanadas luego de que se le fuera eliminada su curul política.
Para ratificar sus controversiales denuncias, Córdoba le entregó un documento a De Roux donde narró varios de los hechos de “persecución política” que, supuestamente, ha enfrentado en la tierra donde legisló por varios años.
“La reparación por lo que lucho no es de las acciones individuales administrativas penales, sino del esclarecimiento de la verdad y la generación de garantías para hacer política sin persecución legal”, sentenció la política.
Además, dijo que en el país no tiene garantías para ejercer política y, con una amplia andanada de argumentos aseguró que “la exclusión política o ausencia de garantía democrática del régimen colombiano se consuman en la histórica y sistemática persecución a la oposición”, comentó.
En otros apartes de su extenso pronunciamiento, dijo que en el país se reprime a quienes salen a manifestarse contra el Gobierno nacional y se desconocen, según ella, “otras formas de participación como la movilización social que ha sido tratada represivamente”.
En el documento que le entregó a De Roux también se habla de los trastornos psicológicos que padecería Piedad Córdoba. En un aparte de su diálogo con el padre, esta se refirió al respecto y dijo que, según Medicina Legal, ella enfrentar una:
“Sensación permanente de miedo temor y zozobra, en todos los espacios y tiempos, en los ámbitos afectivo, familiar laboral y político. Sensación permanente de ser vigilada ilegalmente y perseguida, desarrollando confianza hacia todas las personas que la rodean. (...) Constante de persecución y amenaza, lo que constituye una alteración fundamental de la vida cotidiana y de la calidad de vida, puesto que la afecta tanto en las las actividades diurnas como en los tiempos que deberían ser de descanso y preparación física y emocional”, aseveró.
De hecho, dijo que todas esas situaciones que se le desencadenaron por la situación política que ha enfrentado le impidieron gozar de su vida en Colombia, al punto que no ha podido disfrutar de “los espacios y de las relaciones que un ciudadano común puede experimentar. No se puede desplazar con tranquilidad por espacios públicos y tampoco siente libertad para desplazarse por territorio nacional o internacional”, señaló ante de Roux.
En otros apartes de su pronunciamiento se refirió a Dairo Antonio Úsuga, Alias Otoniel, máximo jefe del Clan de Golfo, quien según Córdoba posee amplia información sobre el conflicto armado colombiano y por eso pidió que no lo extraditen hasta que cuente toda la verdad.
“A mí me secuestró el EPL en la zona del Urabá, porque decían que en esa época habían asesinado a una gente del EPL y la gente pensaba que yo era del grupo de Bernardo Guerra. Yo no tenía nada que ver con ese movimiento, yo era de izquierda liberal de William Jaramillo y, a mí me retuvieron durante un día con los compañeros que iba, porque teníamos que confesar que habíamos matado a unos señores que ni teníamos idea que existían; este señor (Otoniel) hizo parte de eso”, agregó.
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