Por Hidroituango, EPM acuerda pago voluntario y anticipado de la totalidad de su deuda al BID

Según trascendió en últimas horas del pasado 1 de diciembre a través de un comunicado emitido por Empresas Públicas de Medellín acordó junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “un esquema de pago voluntario anticipado” por el valor de su deuda que alcanza los 450 millones de dólares, unos 1,7 billones de pesos colombianos.

Esto con el fin de prevenir un escenario en el que la compañía tendría que pagar dicha deuda si no cumplía con el cronograma de entregas pactado para 2022, año en el que está previsto el arranque formal de Hidroituango entre los meses de junio a septiembre.

Además, EPM fue advertida por el BID de que un cambio a última hora de los contratistas del proyecto también era causal de dicha sanción, lo que provocó un maremágnum político por las consecuencias que dicho movimiento traería a la seguridad energética de Colombia.

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En dicho escenario apareció otro factor como lo fue el fallo de segunda instancia proferido por la Contraloría General que imputa de presunto daño patrimonial a 26 funcionarios de alto perfil de la Alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia, entre quienes se encuentran el actual precandidato Sergio Fajardo, el exalcalde de Medellín Alonso Salazar y el actual gobernador Aníbal Gaviria.

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En el comunicado emitido por EPM es mencionada esta situación como uno de los antecedentes que motivó a la compañía a pactar con el BID: “Ante la incertidumbre generada por los efectos del fallo de segunda instancia por parte de la Contraloria General de la República, en relación con el cumplimiento de los próximos hitos establecidos en el Amendment del contrato de crédito ambas partes según lo establecido contractualmente acordaron desarrollar un esquema de pago voluntario anticipado de EPM por el saldo total de la deuda”.

Para la compañía ”esta operación se desarrolla en atención a la prioridad que le brinda EPM de honrar todas sus obligaciones financieras, a su capacidad financiera y a la preservación integral de la relación de largo plazo de las dos instituciones” y acotó que con dicho organismo multilateral ha firmado un total de 12 créditos en el marco del proyecto Hidroituango.

Este jueves 2 de diciembre, EPM se reunirá con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres para acordar la coordinación de la toma de campamentos y de maquinaria necesaria para continuar las obras en Hidroituango en el marco del denominado “Plan Mireya”.

Esta estrategia busca que la junta directiva de la compañía convenza a la UNGDR de que se le otorguen poderes que impidan a los contratistas poner en riesgo a la obra.

Este escenario implicará que EPM, en palabras de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, “continúe su operación con las capacidades internas de EPM hasta que haya un nuevo contratista, en caso de que haya un fallo condenatorio”, éste último anunciado la semana anterior y cuyo impacto supuso un maremágnum político en Antioquia.

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El “Plan Mireya”, de acuerdo con el mandatario, Daniel Quintero, permitirá a EPM superar el impasse causado por el fallo en segunda instancia por parte de la Contraloría General de la Nación que responsabilizó por detrimento patrimonial a Sergio Fajardo, Alonso Salazar y Aníbal Gaviria, entre otros.

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