La SIC presentó chats y correos claves en la investigación de 16 equipos colombianos y la Dimayor

Desde la semana pasada se viene hablando de la investigación que se encuentra realizando la Superintendencia de Industria y Comercio a 16 equipos de fútbol colombiano y a la Dimayor por supuestos contratos sospechosos con algunos futbolistas.

Este jueves el diario El Tiempo publicó los correos y los chats de WhatsApp que presentó la SIC, material clave para el proceso, en los que se vinculan a presidentes y miembros de los diferentes equipos con la investigación realizada por la entidad mencionada.

De acuerdo con esta entidad, se está investigando supuestas prácticas ilegales de los clubes encaminadas a afectar el régimen de libre competencia, “los presidentes de clubes profesionales habrían enviado comunicaciones a sus competidores para solicitar expresamente que no negociaran los derechos deportivos de algunos jugadores a modo de sanción, por el hecho de que esos trabajadores habrían terminado o habrían estado próximos a terminar un vínculo contractual sin el beneplácito del empleador”.

Según el expediente es que frente a la intención de algún jugador por hacer uso de su derecho de no renovar contrato con un equipo que pretendía beneficiarse de una potencial transferencia se aplicaba un “pacto de caballeros”, (se lee en varios correos) acción que significaba que se realizara un bloqueo del futbolista hasta que se aconductara. Así mismo sucedía si el jugador pretendía terminar unilateralmente su contrato, situación en la que, como explicó la SIC, hay un derecho a la compensación económica para el equipo ‘afectado’ por la decisión del jugador, pero nunca una prohibición de que se realizara la pena de correr el riesgo de quedar desempleado.

Por ejemplo, esta situación se confirmó gracias a un correo enviado por el equipo de la B Talento Dorado, en la que su presidenta, Paola Andrea Salazar Olano, informaba a los presidentes de otros equipos el caso de un jugador que había terminado su contrato alegando justa causa por incumplimientos del empleador.

“Sobre esta base apeló a la ‘solidaridad de gremio’ y al ‘pacto de caballeros que existe entre los clubes en estas situaciones”. El objetivo de esas cartas era “no contratar a los jugadores señalados en su condición de jugadores libres sino por intermedio del club que envía la comunicación, que pretende obtener ganancias por la transferencia de sus derechos deportivos”, se lee en el expediente.

“Usted tiene jugadores, no hablemos de buenos y malos. Tiene jugadores que son patrimonio y jugadores que no son patrimonio (...)”, confesó ante la SIC un presidente de club. Esto quiere decir que a esos jugadores “que son patrimonio” es a los que intentan pagarles antes de que se cumplan los dos meses de plazo, incluso sacando el dinero de los sueldos de los otros jugadores que no se consideran ‘transferibles’ o sobre los que no tienen derechos.

Dentro del expediente hay un correo que se remite al 23 de junio del 2020, el cual fue enviado por Gabriel Camargo, dueño del Tolima, advirtiendo a los demás equipos que contaba con un jugador que “tenía contrato vigente” hasta el 2023 y solicitó que no lo contrataran.

Ahora, sobre este correo el también exsenador Camargo admitió que “pudo ser” en pocos casos que hubiera enviado correos. “Eso fue un año que me lo robaron. Un muchacho que lo hice y todas esas cosas, que lo había comprado y desconoció el contrato y se fue. Y por allá como que le ha ido muy mal y no le cumplieron y esas cosas. Pero yo lo demandé y lo tengo demandado”, le dijo a la SIC.

De acuerdo con expediente, Camargo en un principio le dijo a la SIC que no se acordaba de haber recibido mensajes de otros equipos para proceder de esta manera frente a jugadores que hubieran peleado con sus equipos. “Que yo recuerde, no. Pueda que sí. Uno que hacía esas prácticas era el de Águilas Doradas, Salazar. Ese sí hacía esas prácticas de mandar y que no contrataran (...) Ese sí enviaba esas cartas”.

Cabe resaltar que la denuncia fue interpuesta por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro). Dentro de esta hay mensajes de veto enviados o apoyados (en mensajes de respuesta) por Talento Dorado, el Cúcuta Deportivo, el Chicó Fútbol Club, el Unión Magdalena, el Deportivo Pasto, el Envigado, el Tolima, el Caldas, el Deportes Quindío, La Equidad, el Atlético Fútbol Club, Fortaleza, Leones y Alianza Petrolera. Así mismo, el informe de cargos se extiende a la Dimayor ya que esta entidad, según la Superintendencia, conocía de la práctica ilegal y no solo no hizo nada para impedirla, sino que habría servido para articularla.

Por otro lado, el pasado 2 de julio el presidente del Pasto, Óscar Armando Casabón Rodríguez, comunicó a los otros equipos que un jugador pretendía terminar unilateralmente su contrato “sin tener en cuenta que se estaban cumpliendo con las obligaciones contractuales ni la inversión económica que hemos realizado”. Renglón seguido, pidió a sus colegas “abstenerse de realizar cualquier tipo de vinculación directa o de servir de intermediario”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el dirigente del Pasto le informó a la SIC que dicho futbolista había reconsiderado su salida y llegaron a un acuerdo. Además, negó que hubiera una estrategia de veto: “Es algo no para evitarle al jugador que pueda laborar, sino es algo más de respeto entre los presidentes o representantes legales de los clubes. Porque no es justo que X club haya invertido cantidades inmensas de recursos y que por X o Y circunstancias pierda esa inversión porque ese jugador decide renunciar (...) Nosotros no estamos acostumbrados a truncar el futuro de absolutamente ningún jugador ni nada, pero sí (se trata) de hacer respetar las inversiones que un equipo pequeño como nosotros está haciendo en este caso con este jugador”.

Frente a esto, la SIC llevó a colación que este equipo fue denunciado a mediados de este año por el no pago de sueldos ni seguridad social a sus trabajadores por un periodo de tres meses. Recordemos que en octubre los jugadores de este equipo decidieron no jugar un partido de la Liga BetPlay hasta que se les pagara lo debido.

La Superintendencia de Industria y Comercio presentó un análisis en el que, según la entidad, hay un “interés común de los agentes investigados por restringir el tránsito laboral de los jugadores” y que los ‘móviles’ de esta situación serían “la pretensión de recuperar la inversión que consideran haber hecho en la formación del capital humano de los jugadores y el interés de obtener ingresos adicionales por la transferencia temporal o definitiva de sus derechos deportivos”.

Donde también advirtió que: “se ha logrado limitar el normal ejercicio de la actividad económica de los jugadores de fútbol a través de actuaciones coordinadas que incluso a punto de poner en riesgo el ingreso de subsistencia de los deportistas y la continuidad de sus carreras deportivas. Se pone de manifiesto el obrar anticompetitivo de los clubes y se evidencia un abuso sobre los jugadores al pretender retener sus derechos deportivos aun cuando no cumplen sus obligaciones como empleadores”.

En este documento se puede leer que “la Dimayor (en la presidencia de Jorge Enrique Vélez y en la actual, de Fernando Jaramillo) habría sido utilizada como vehículo para permitir los acuerdos (irregulares) y darlos a conocer a todos sus afiliados. Por lo tanto, es claro que actuó como agente de mercado”.

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