El Sistema Integral para la Paz informó, este jueves 2 de diciembre, que el Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgo, herramienta con la que se alerta la posible ocurrencia de violaciones a los derechos de los sujetos vinculados a los procesos con las entidades nacidas del Acuerdo Final de Paz, emitió sus tres primeras alertas.
La plataforma tecnológica de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Comisión de la Verdad, y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), presentó el primer informe en el que se advierte la compleja situación que se presenta en 100 municipios del país, la reorganización de grupos paramilitares y la amenaza que representan las disidencias a los firmantes del acuerdo.
“A través del Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz, que emitirá informes periódicos para el país y las autoridades competentes, tanto la JEP, la Comisión de la Verdad, como la UBPD, exploran caminos que garanticen la no repetición de los crímenes vividos por los colombianos durante 60 años de conflicto armado”, señalaron las entidades.
La primera alerta que explicó el director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Giovanni Álvarez, es que en 100 municipios del país “se está derrumbando de forma peligrosa la autoridad del Estado”, dentro de los que se encuentran Buenaventura, Maicao, Ocaña, Montelíbano, Tumaco, Ituango, y Argelia, algunas de las localidades donde la situación es más grave.
Asimismo, el director de la unidad a cargo de esta herramienta advirtió que las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC, grupos reincidentes y desertores que han aumentado su presencia en el país, representan el principal riesgo de victimización para los excombatientes que dejaron las armas, destacando que “la presencia simultánea de las disidencias de ‘Gentil Duarte’ y la Segunda Marquetalia aumenta más de tres veces la probabilidad de asesinatos” de firmantes.
“Colombia está experimentando una fase de reorganización de núcleos históricos del paramilitarismo: el Clan del Golfo y nuevas agrupaciones que reivindican las siglas de las AUC y el BCB han copado 1 de cada 4 municipios, y tienen una actividad significativa en subregiones como Urabá antioqueño, Bajo Atrato, Alto Sinú, sur de Bolívar, Sierra nevada, sur del Cesar, Risaralda/norte del Valle (La Virginia-Cartago)Magdalena medio antioqueño, caldense y santandereano”, destacó el funcionario de la JEP.
Este mecanismo busca convertirse en una herramienta para advertir los riesgos que presentan los ciudadanos y comunidades vinculados a procesos con las UBPD, la JEP y la Comisión de la Verdad, así como dar a conocer los riesgos del conflicto armado con el propósito de que el Estado tome las medidas que sean necesarias para mitigar estos riesgos de violencias.
“Esta herramienta no reemplaza los propios mecanismos de defensa que están en cabeza del Estado. Es necesario que las demás autoridades tomen nota de las alertas para que adopten las medidas correspondientes”, expresó el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes luego de recordar que el Sistema solicitó a la Defensoría del Pueblo adoptar una resolución defensorial que trace una hoja de ruta para ponerle fin a los crímenes.
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