Este 30 de noviembre, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, habló sobre las investigaciones que se adelantan contra Sergio Fajardo, precandidato a la Presidencia y exgobernador de Antioquia. En su mensaje, la jefa del Ministerio Público dijo que las investigaciones que están en curso contra el político no son una persecución política.
El pronunciamiento de Cabello nació tras las críticas de Fajardo al fallo de la Contraloría General de la República, en donde ratificó la responsabilidad fiscal del político antioqueño por los $4.3 billones del caso de la represa de Hidroituango.
La procuradora sostuvo que es respetuosa de la institucionalidad y las determinaciones que se toman frente a estos actos. En ese mismo sentido, dijo que la Procuraduría General de la Nación inició investigaciones contra Fajardo por el proyecto que se desarrolla en Ituango y que están en etapa probatoria, según recogió RCN Radio.
“Cada uno en su lugar. La Contraloría emitió una decisión de carácter administrativo con plena validez, con recursos, y nosotros como Procuraduría debemos respetar esas decisiones de los entes de control. Nosotros vamos a ir mirando en qué casos hay incumplimiento de deberes de funcionarios públicos”.
Según Cabello, ella avanza en indagaciones, pero no persigue políticos y lo que pretende con los procesos es confirmar o desvirtuar las denuncias que pesan sobre Fajardo con respecto a las supuestas irregularidades que hay detrás de Hidroituango.
“En la Procuraduría hay un par de procesos de hace rato contra Sergio Fajardo, están en etapa probatoria y apenas tengamos resultados en ese sentido los daremos a conocer. (…) La Procuraduría no persigue, abre investigaciones o indagaciones de acuerdo con las denuncias de los ciudadanos; lo que nos informan los medios. y las investigaciones oficiosas que en virtud de la acción preventiva realizamos”.
Contraloría confirmó sanción a Sergio Fajardo
La Contraloría General de la Nación confirmó en segunda instancia el fallo con responsabilidad fiscal de 4,3 billones de pesos contra 26 funcionarios y contratistas por afectaciones al patrimonio nacional con las inversiones que se hicieron en el proyecto de Hidroituango y por no cumplir la fecha de iniciación del proyecto.
Entre los responsables determinados por el ente de control están el actual precandidato Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia entre 2012 y 2015 y su homólogo Luis Alfredo Ramos, quien ocupó el cargo entre 2008 y 2011. También están los exmiembros de la junta directiva de EPM, Federico Restrepo, Juan Esteban Calle y el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar.
Los otros son Alejandro Granda Zapata, Álvaro Julián Villegas, Sergio Betancur Palacio, Álvaro de Jesús Vásquez, Ana Cristina Moreno Palacios, Iván Mauricio Pérez, Jesús Arturo Aristizábal, Luis Guillermo Gómez, John Alberto Maya, Luis Javier Vélez, María Eugenia Ramos y Rafael Nanclares, además de entidades contratistas.
También se declaró como tercero civil responsable a la aseguradora Mapfre para que haga efectiva la póliza todo riesgo en construcción. El ente de control asegura que hubo una “destrucción del valor presente del proyecto” de más de 3,1 billones de pesos, dejando un lucro cesante de más de 1,1 billones.
La Contraloría explicó que la problemática de Hidroituango es la conclusión de acciones y omisiones cometidas por diferentes funcionarios entre 2008 y 2015.
Todo esto se debió, según el ente de control, a una toma de medidas apresuradas cuando se presentó el fallo en uno de los túneles de desviación y que derivó en lo que conoció Colombia cuando se desvió el agua por la casa de máquinas, destruyendo todo a su paso dentro de la instalación.
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