El Esmad anunció que adquirirá un nuevo lanzagranadas

Se trata de un arma catalogada como de baja letalidad, que, sin embargo, ya ha sido rechazada por organizaciones sociales defensoras del derecho a la protesta

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ESMAD lanzagrandas (Colprensa - Alvaro
ESMAD lanzagrandas (Colprensa - Alvaro Tavera)

Durante la feria de Expodefensa que se realiza en Bogotá, Indumil, la empresa del Ministerio de Defensa encargada del abastecimiento de armas para la fuerza pública colombiana, confirmó a Caracol Radio que adelanta unos prototipos para la renovación del armamento para la Policía.

Wilson Baquero, jefe de investigación y desarrollo de Indumil, informó a la emisora que se trata de un nuevo armamento para el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que se espera que entre en operación a partir del próximo año. Entre los nuevos equipos se encuentra un lanzagranadas.

El lanzador tiene un calibre de 37 a 38 milímetros con cartuchos de granadas que se consideran de baja letalidad, según explicó el coronel. Además, señaló que el armamento cumple con todos los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional para la disuasión de disturbios, que generalmente ocurren en medio de la protesta social.

“Aún está en negociación la cantidad que requiere la Policía, pero la idea es que partir de que esté el producto terminado y totalmente probado, se pueda hacer una vez la negociación, determinar cantidades y costos. Todavía estamos en prototipo, nos falta terminar unas pruebas y ajustes funcionales para determinar el precio final y las cantidades”, dijo el coronel Baquero desde Expodefensa a Caracol Radio.

La emisora sostuvo que se espera que la renovación del armamento se de el próximo año, pero se continúa en negociación y pruebas. Sin embargo, el anuncio ya ha despertado la oposición de algunos políticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos y la protesta social.

Justamente porque el Esmad ha sido una de las instituciones más cuestionadas en los últimos años, debido a las muertes que se presentaron en las manifestaciones sociales, tanto del 2019, como en el 2020 y el paro nacional del 2021.

Desde Temblores ONG, una organización que sigue los abusos policiales y acompaña a las víctimas, rechazaron el nuevo armamento. “Mientras la sociedad civil exige el cese de armamentos de potencial letalidad que ponen en riesgo la vida, el Gobierno sigue renovando su arsenal y cada año compra armamentos nuevos para reprimir la protesta. En el 2021 fue el Venom y ahora un nuevo lanzagranadas”, señalaron.

La organización defensora de derechos humanos Omega Research Foundation, con sede en Inglaterra y que investiga la producción de armamento y sus afectaciones a los derechos humanos, describe el cartucho de 37 y 38 mm como un detonante de substancias como gas pimienta, pintura o una mezcla de varios agentes irritantes. Advierten que el riesgo de muerte aumenta cuando se usa a corta distancia o a partes sensibles del cuerpo, como ya se ha visto en manifestaciones en Colombia, y el riesgo de estampida en espacios cerrados o multitudinarios.

La plataforma de Temblores del 28 de abril al 26 de junio de 2021, en los meses más álgidos de manifestaciones sociales en el país, 82 víctimas de lesiones oculares, 784 intervenciones violentas en el marco de la protesta social, 35 usos del multilanzador Venom y 44 homicidios cuyo presunto agresor es un miembro de la Fuerza Pública.

Así mismo, el Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional analizó más de 300 piezas audiovisuales sobre el actuar desproporcionado y represivo del Esmad desde el 28 de abril al 20 de octubre, concluyendo que sus agentes violaron de forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes, al infligir heridas oculares como consecuencia del uso desproporcionado de armas menos letales.

Es escalofriante ver cómo los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios han disparado de manera deliberada a los ojos de tantas personas, solo por atreverse a ejercer su derecho legítimo a la manifestación pacífica. Las autoridades colombianas deben garantizar justicia, atención integral y reparación a las víctimas y tomar las medidas necesarias para evitar la repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

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