Ante fallo de la Contraloría, EPM buscará control total de obras de Hidroituango

La activación de un plan de contingencia en caso de que contratistas incumplieran con el cronograma de obras es el escenario que afrontará Hidroituango en las próximas horas ante la solicitud que realizará la junta directiva de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) ante las autoridades competentes para tomar el control del proyecto.

El denominado “Plan Mireya”, anunciado el jueves anterior por el alcalde Daniel Quintero, permitirá a EPM superar el impasse causado por el fallo en segunda instancia por parte de la Contraloría General de la Nación que responsabilizó por detrimento patrimonial a Sergio Fajardo, Alonso Salazar y Aníbal Gaviria, entre otros.

Para poner en funcionamiento dicho plan, EPM se reuniría en el transcurso de las siguientes 48 horas con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres para acordar la coordinación de la toma de campamentos y de maquinaria necesaria para continuar las obras en Hidroituango.

Según información proporcionada por la empresa, su junta directiva buscará que se eleve el nivel de riesgo con el fin de que se le otorguen poderes que impidan a los contratistas poner en riesgo a la obra.

Este escenario implicará que EPM, en palabras de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, “continúe su operación con las capacidades internas de EPM hasta que haya un nuevo contratista, en caso de que haya un fallo condenatorio”, éste último anunciado la semana anterior y cuyo impacto supuso un maremágnum político en Antioquia.

En contexto: Es un fallo histórico: Daniel Quintero sobre la decisión de la Contraloría sobre Hidroituango - Infobae

En qué consiste el fallo en segunda instancia de la Contraloría por detrimento patrimonial de 4,3 billones de pesos

Son 26 funcionarios y contratistas los que responderán por afectaciones al patrimonio nacional con las inversiones que se hicieron en el proyecto de Hidroituango y por no cumplir la fecha de iniciación del proyecto, de acuerdo con fallo en segunda instancia proferido por la Contraloría General de la República.

Para dicho ente, la problemática de Hidroituango es la conclusión de acciones y omisiones cometidas por diferentes funcionarios entre el 2008 y el 2015, por los cuales se desencadenó una crisis que abarcó la planeación, diseño, ejecución y control sobre la obra.

Todo esto se debió, según el ente de control, a una “aceleración” en el que se tomaron medidas apresuradas cuando se dio el fallo en uno de los túneles de desviación y que derivó a lo que conoció Colombia cuando se desvió el agua por la casa de maquinas, destruyendo todo a su paso dentro de la instalación.

Entre los responsables determinados por el ente de control están el actual precandidato Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia entre 2012 y 2015 y su homólogo Luis Alfredo Ramos, quien ocupó el cargo entre 2008 y 2011. También están los exmiembros de la junta directiva de EPM, Federico Restrepo, Juan Esteban Calle y el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar.

Los otros son Alejandro Granda Zapata, Álvaro Julián Villegas, Sergio Betancur Palacio, Álvaro de Jesús Vásquez, Ana Cristina Moreno Palacios, Iván Mauricio Pérez, Jesús Arturo Aristizábal, Luis Guillermo Gómez, John Alberto Maya, Luis Javier Vélez, María Eugenia Ramos y Rafael Nanclares, además de entidades contratistas.

También se declaró como tercero civil responsable a la aseguradora Mapfre para que haga efectiva la póliza todo riesgo en construcción. El ente de control asegura que hubo una “destricción” de más de 3,1 billones de pesos, dejando un lucro cesante de más de 1,1 billones.

El escenario político de las últimas horas contó con una recusación pública al contralor Carlos Felipe Córdoba por parte del precandidato Sergio Fajardo por considerar éste último que el funcionario careció de “imparcialidad objetiva y neutralidad” en dicho proceso.

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