Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resaltara que se encuentran muy preocupados por el aumento de la violencia en el país, asegurando que, pudieron verificar que existe una concentración de hechos de violencia en contra de personas defensoras y con liderazgo social, excombatientes, “así como masacres en los departamentos de la región del Pacífico, en particular en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander que afectan de manera desproporcionada a pueblos indígenas, personas afrodescendientes y campesinas”.
El Ministerio de Relaciones exteriores le respondió a la Comisión asegurando que tienen completamente claros los retos que tiene el país para dar solución a esta problemática.
“Compartimos con la CIDH, así como con la ONU y la Unión Europea la preocupación por la violencia contra personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos, pero coincidimos también en que el principal enemigo de nuestra construcción de paz es el narcotráfico y los grupos armados ilegales y, en ese sentido, el Gobierno no descansará en la búsqueda de alternativas para protegerlos de manera integral”, dice el comunicado emitido por la entidad.
Así mismo, dice la CIDH que recibió información sobre muertes ocasionadas por las minas antipersona en el resguardo del pueblo embera en La Divisa, Alto Baudó, Chocó. El sembrado de minas antipersonales en este municipio habría sido denunciado por la Defensoría a través de las alertas 041/19, la 016-21 y 020-21, las dos últimas emitidas recientemente respecto de áreas contiguas, y en un comunicado de prensa sobre la crisis humanitaria en el departamento.
Ante esta alerta, la Cancillería colombiana en nombre del gobierno envió una respuesta por los serios cuestionamientos.
En primer lugar dice el gobierno que comparte la preocupación por la violencia contra personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos, e insiste en que el principal enemigo de la construcción de paz es el narcotráfico y los grupos armados ilegales que se nutren con las economías ilegales asociadas al problema mundial de las drogas y la minería ilegal.
“Queremos resaltar que tras la visita del secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, se reconocieron los esfuerzos del Gobierno nacional por contrarrestar los flagelos de criminalidad y la voluntad real del Estado para lograr un país en paz”, sostuvo la Cancillería.
Sobre los crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos señala que el Estado ha implementado diversas medidas de prevención de delitos contra líderes sociales y de judicialización de aquellos que lastimosamente ocurren, y mencionó que “a través de estas acciones se logró 67% de esclarecimiento de los homicidios”.
“El Estado trabaja constantemente y de manera decidida para implementar políticas y acciones que permitan atender el deber de garantizar, respetar, proteger y promover los derechos humanos en la jurisdicción nacional y cuya implementación ha demostrado la reducción, entre otros, en los índices de criminalidad, tal como lo refleja la información suministrada por las autoridades nacionales competentes”, comentó la entidad.
Sobre los casos de feminicidios, la Cancillería argumentó que trabajan en ello implementado una policía integral para lograr que, desde la prevención, las mujeres vivan libres de violencia y miedo.
“Esta estrategia consiste en el fortalecimiento de las comisarías de familia y en la creación y puesta en marcha del mecanismo articulador, una instancia que estandariza la coordinación de acciones entre todas las entidades administrativas, de policía, de salud y judiciales para la prevención y atención de casos de violencia, tanto a nivel nacional como departamental y municipal”, explicó.
“El Estado es consciente de los desafíos que enfrenta pero hace un llamado a la confianza, en la medida que despliega estrategias integrales que buscan efectivamente prevenir las violencias, atenderlas oportunamente e investigar y juzgar a los responsables”: Cancillería colombiana.
La entidad insistió en que el gobierno de Iván Duque tiene disposición para atender las preocupaciones y observaciones de los órganos internacionales de derechos humanos como la CIDH.
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