Contraloría confirmó sanción a Sergio Fajardo, contratistas y funcionarios de Hidroituango por 4,3 billones

La Contraloría General de la Nación confirmó en segunda instancia el fallo con responsabilidad fiscal de 4,3 billones de pesos contra 26 funcionarios y contratistas por afectaciones al patrimonio nacional con las inversiones que se hicieron en el proyecto de Hidroituango y por no cumplir la fecha de iniciación del proyecto.

Entre los responsables determinados por el ente de control están el actual precandidato Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia entre 2012 y 2015 y su homólogo Luis Alfredo Ramos, quien ocupó el cargo entre 2008 y 2011. También están los exmiembros de la junta directiva de EPM, Federico Restrepo, Juan Esteban Calle y el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar.

Los otros son Alejandro Granda Zapata, Álvaro Julián Villegas, Sergio Betancur Palacio, Álvaro de Jesús Vásquez, Ana Cristina Moreno Palacios, Iván Mauricio Pérez, Jesús Arturo Aristizábal, Luis Guillermo Gómez, John Alberto Maya, Luis Javier Vélez, María Eugenia Ramos y Rafael Nanclares, además de entidades contratistas.

También se declaró como tercero civil responsable a la aseguradora Mapfre para que haga efectiva la póliza todo riesgo en construcción. El ente de control asegura que hubo una “destricción” de más de 3,1 billones de pesos, dejando un lucro cesante de más de 1,1 billones.

La Contraloría explicó que la problemática de Hidroituango es la conclusión de acciones y omisiones cometidas por diferentes funcionarios entre el 2008 y el 2015. Lo que llevó a que se desencadenara la crisis fue toda una serie de errores respecto a la planeación, diseño, ejecución y control sobre la obra.

Todo esto se debió, según el ente de control, a una “aceleración” en el que se tomaron medidas apresuradas cuando se dio el fallo en uno de los túneles de desviación y que derivó a lo que conoció Colombia cuando se desvió el agua por la casa de maquinas, destruyendo todo a su paso dentro de la instalación.

Esta semana, recusó al contralor general General de la Nación justo en los momentos en los que se acerca una posible conclusión respecto al fallo de responsabilidad fiscal por esa construcción. Blu Radio fue el medio encargado de dar la noticia en primicia.

Esta acción por parte de Fajardo genera un nuevo retraso en el caso y dilata la decisión final. Tal y como lo argumentó, en el proceso fiscal hubo una “vulneración al principio de imparcialidad objetiva y de neutralidad”.

“Esta no es una recusación para apartar al señor contralor del proceso UCC-PRF-014-2019, pues el señor contralor no es competente para adoptar la decisión de fondo en el caso. Sin embargo, sí es competente para resolver la recusación presentada contra la contralora Delegada Intersectorial No9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y los miembros de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República, y sobre esa decisión versa esta recusación”, se lee en el documento de la petición.

Carlos Felipe Córdoba, el contralor, de acuerdo con lo que dice Fajardo, ha sido abiertamente claro con su posición en respaldo al fallo y a todo lo que lo rodea, es decir, al proceso y a los funcionaros que lo llevan. Esto, para Fajardo, es contraproducente pues Córdoba no tendría la capacidad de ser imparcial y de resolver el caso de la manera correcta.

“Más aún cuando dicha recusación cuestiona la independencia e imparcialidad estructural de la Contraloría General de la República y la posición institucional que dicha entidad ha asumido a favor de un fallo que aún no se encuentra en firme”, añadió Fajardo.

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