Multimillonaria multa a EPM por fallas de Hidroituango: tendrá que pagar $1.817 millones

Luego de que el pasado 4 de noviembre la Superintendencia de Servicios Públicos emitiera un informe en le que se alertaba sobre algunos hallazgos respecto al caso Hidroituango, en la mañana de este jueves, 25 de noviembre, se supo que esa entidad impuso una sanción de $1′817.052.000 a Empresas Públicas de Medellín (EPM) por no iniciar la operación de la planta hidroeléctrica el 1 de diciembre del 2018, fecha que había quedado agendada para ese fin. EPM, ante la notificación de la cuantiosa cifra de dinero que tendrá que pagar, aseguró que interpondrá los recursos pertinentes en contra de esa sanción.

“El cronograma de entrada en operación de las dos primeras unidades de generación de esta hidroeléctrica, proyectada por EPM para julio y octubre de 2022, tiene un margen muy estrecho para el manejo de posibles imprevistos o crisis que se puedan presentar. De ocurrir alguna eventualidad, se pondría en riesgo el cumplimiento de obligaciones de energía firme a cargo de EPM y su sostenibilidad financiera”, comentó la superintendente de servicios públicos, Natasha Avendaño, respecto a los aspectos reportados a principios del mes en curso, en el mencionado informe.

La multa fue impuesta a través de la Resolución 20212400710405 del 18/11/2021. El aplazamiento de la fecha programada para el inicio de labores de la hidroeléctrica generó “un reajuste en las inversiones y sobrecostos del proyecto a $18,2 millones″, de acuerdo con lo que explicó el diario económico La República.

Aquel documento reportaba fallas en la prestación de servicios públicos en Antioquia, y mencionaba el debilitamiento de la reputación de la organización debido a las constantes modificaciones en su gobierno corporativo, entre otras cosas. “Encontramos incumplimientos a la regulación en aspectos relacionados con instalación y cobro de medidores en el servicio de acueducto, indicadores de calidad en los servicios de energía y de acueducto, y fallas en los reportes del servicio de gas a nuestro Sistema Único de Información, entre otros”, comentó, por aquellos días, Avendaño.

Luego de la evaluación que hizo Superintendencia de Servicios Públicos, entre marzo y agosto de 2021, sobre las labores de la EPM desde el 2020 hasta lo corrido del 2021, se aseguró que se habían encontrado “el incumplimiento del Convenio Marco de Relaciones entre EPM y el municipio de Medellín”, y que eso afectaría “la calificación crediticia y el acceso a ciertos productos financieros como seguros y nuevos créditos (...) ha afectado la imagen de la empresa y la confianza del mercado en ella”.

La Superservicios, después de la evaluación, le pidió, en octubre, a la EPM, un informe detallado del plan de contingencia en caso de que se retirara el contratista. El 31 de diciembre de vence el acuerdo de prórroga del contrato constructor. Todavía se está a la espera de conocer el resultado del fallo de la Contraloría para confirmar la responsabilidad fiscal que recae sobre algunos funcionarios involucrados en la polémica construcción, y para saber sí CCC Ituango pierde sus derechos para seguir con las obras.

De la misma manera, se está a la espera de que se oficialice la prórroga planteada por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que pretende que el contrato se extienda hasta el 31 de agosto del año 2022, lo que permitiría, según él, un empale con otro constructor.

“Los diálogos entre EPM y estas firmas contratistas se centran en definir las condiciones y los términos de una prórroga del contrato de obra principal (...) Con cierre a octubre pasado, las obras de Hidroituango se encontraban en el 85,8% de ejecución. EPM trabaja con todos sus recursos para poner en operación las dos primeras unidades de generación de energía, de las ocho que tendrá la hidroeléctrica, en el segundo semestre de 2022”, resalta EPM en un comunicado entregado a la opinión pública.

La sanción que ahora recae sobra la EPM se da luego de que, el pasado mes de agosto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, multara a esa misma compañía a pagar una cifra de $85.551.995 bajo el concepto de haber ocupado, de manera irregular, la fuente del río Ituango, que desemboca en el río Cauca, para instalar un sistema de bombeo, sin los permisos necesarios. Así lo recordó Blu Radio.

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