Después de meses de incertidumbre, ya hay un preacuerdo entre las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Consorcio CCC Ituango para prorrogar el contrato de construcción de la Hidroeléctrica Hidroituango. Este convenio contempla extender los trabajos del consorcio durante otros ocho meses, es decir, hasta final de agosto de 2022. En este tiempo se deberá finalizar la estructura de concreto de la primera y segunda turbina.
Este contrato ya tendría apropiado los recursos de las vigencias futuras, las cuales tendrán un costo total de $609.000.000.000, esto en el margen del primero de enero hasta noviembre de 2022. Cabe aclarar que, va hasta el penúltimo mes del año porque después de que se finalicen las obras, el consorcio deberá hacer un empalme, de máximo tres meses, para que puedan empalmar con los nuevos constructores que asumirán la obra.
Se indicó que cada una de las juntas directivas de las empresas constructoras está analizando las condiciones indicadas en los párrafos anteriores. Si se acepta todo, a más tardar la próxima semana se firmará la prórroga del contrato.
Es importante mencionar que el preacuerdo se logró unas horas después de conocerse que la Superintendencia de Servicios Públicos le impuso una sanción de $1′817.052.000 a EPM por no iniciar la operación de la planta hidroeléctrica el 1 de diciembre de 2018, fecha que había quedado agendada para ese fin. Ante la notificación de la cuantiosa cifra de dinero que tendrá que pagar, la empresa antioqueña aseguró que interpondrá los recursos pertinentes.
“El cronograma de entrada en operación de las dos primeras unidades de generación de esta hidroeléctrica, proyectada por EPM para julio y octubre de 2022, tiene un margen muy estrecho para el manejo de posibles imprevistos o crisis que se puedan presentar. De ocurrir alguna eventualidad, se pondría en riesgo el cumplimiento de obligaciones de energía firme a cargo de EPM y su sostenibilidad financiera”, comentó la superintendente de servicios públicos, Natasha Avendaño, respecto a los aspectos reportados a principios del mes en curso, en el mencionado informe.
La multa fue impuesta a través de la Resolución 20212400710405 del 18/11/2021. Se explicó que el aplazamiento de la fecha programada para el inicio de labores de la hidroeléctrica generó “un reajuste en las inversiones y sobrecostos del proyecto a $18,2 millones″.
Se indicó que para tomar la decisión se tuvo en cuenta una evaluación que hizo SuperServicios, entre marzo y agosto de 2021, sobre las labores de EPM desde 2020 hasta lo corrido de 2021 y aseguró que se habían encontrado “el incumplimiento del Convenio Marco de Relaciones entre EPM y el municipio de Medellín”, y que eso afectaría “la calificación crediticia y el acceso a ciertos productos financieros como seguros y nuevos créditos (...) la imagen de la empresa y la confianza del mercado en ella”.
La SuperServicios, después de la evaluación, pidió, en octubre, a la EPM, un informe detallado del plan de contingencia en caso de que se retirara el contratista. El 31 de diciembre de vence el acuerdo de prórroga del contrato constructor. Todavía se está a la espera de conocer el resultado del fallo de la Contraloría para confirmar la responsabilidad fiscal que recae sobre algunos funcionarios involucrados en la polémica construcción, y para saber sí CCC Ituango pierde sus derechos para seguir con las obras.
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