Debido a una investigación judicial, el cual lo involucra en el desmantelamiento de una red de distribución de drogas que operaba en este lugar, en las últimas horas, un juez determinó que La Piscina Night Club, que es uno de los centros de entretenimiento nocturno para adultos más reconocido en la capital, inicia proceso de extinción de dominio.
Según información preliminar, este club nocturno cerraría sus puertas tras la orden emitida por el juez, pues de acuerdo con lo informado por Blu Radio, en ese establecimiento para adultos se desmanteló una red de distribución de drogas que funcionaba en el interior del negocio.
De acuerdo con las autoridades, en la zona actuaba una banda llamada ‘Los Compas’, el cual se dedicaba al transporte de estupefacientes desde los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Huila hacia Bogotá donde posteriormente era distribuido.
Alias ‘Caqueteño’, ‘Cucho’ o ‘Jhon’ era quien, al parecer, se desempeñaba como cabecilla de la estructura delincuencial, se encargaba, presuntamente de administrar, dirigir y coordinar el trasporte del estupefaciente desde el departamento del Cauca, Cali (Valle del Cauca) hacia diferentes localidades de la capital del país.
Antecedentes de los dueños del polémico centro nocturno La Piscina
Este lugar, es considerado uno de los más reconocidos de la zona de tolerancia en Bogotá, ubicada en el centro de la ciudad, además, se sabe que este centro de entretenimiento nocturno para adultos, es uno de los más grandes de la zona, pues este complejo tiene aproximadamente 7.000 mil metros cuadrados, ocho pisos con 85 habitaciones.
Acerca de este lugar, en 2014 el diario El Tiempo realizó una investigación respecto al dueño de este burdel, del cual inicialmente se pensaba que era del general (r) Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía, quien le había comprado La Piscina a Juan Pablo Lozano, dueño de El Castillo, otro centro nocturno que estaba en la misma zona, pero que luego de un proceso judicial, actualmente es un centro cultural.
De acuerdo con el rotativo bogotano, esa información había sido divulgada por un periodista que trabaja para la revista SoHo; sin embargo, para hacer verificación el medio decidió hacer más pesquisas y logró consultar escrituras y actas de junta, en las que encontró entre sus fundadores y socios desde un señalado narcotraficante y lavador, extraditado a Estados Unidos, hasta familiares de exoficiales de la Policía y prósperos contratistas del Estado.
Datos que resultaron desvirtuando como dueño al general Gilibert, quien en su momento habló con el diario y negó cualquier vínculo con este lugar, además señaló que esa supuesta información habría sido puesta a rodar por un hombre llamado Pedro Castellanos.
En medio de su investigación, El Tiempo logró establecer que Pedro Castellanos era un empresario dueño de los más de 7.000 metros cuadrados donde se levanta La Piscina, su parqueadero y hoteles adyacentes, a través de la Inversora Lausan.
En su momento, Castellanos le indicó al medio de comunicación que él le alquilaba la infraestructura a su socio Néstor Augusto Camacho, accionista mayoritario del Grupo Nacional de Negocios, la firma que aparecía en 2014 como dueña del burdel.
Asímismo, se reveló el nombre de otros accionistas del lugar como: Martha Emma Sánchez y Gerardo Solanilla González. Este último le compró el establecimiento, el 27 de junio del 2005, a su fundador, Avelino Chivatá, quien era en ese momento el administrador.
“El general Gilibert y Juan Pablo Lozano nunca han sido accionistas de La Piscina. Lozano fue administrador y nada más”, le aseguró al diario el empresario Néstor Camacho, quien agregó que Gilibert debería evaluar si inicia acciones legales.
Sin embargo, pese a que la Unidad Investigativa de El Tiempo pudo hablar con Castellanos, este logró establecer que este hombre sí tenía vínculos con la Policía, pues su hermano era William Castellanos Rodríguez, un polémico e influyente oficial que ocupó un alto cargo en la Metropolitana de Bogotá durante el 2001, cuando la administración Mockus declaró zona de tolerancia el área donde están los burdeles.
De igual manera, en 2014 El Tiempo comprobó que Pedro Castellanos y Néstor Camacho manejaron por varios años un empresa llamada Cooselandia Ltda., la cual en su momento era una cooperativa que les hacía préstamos a policías y militares.
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